Vivas exige a Marlaska el retorno de todos los migrantes: "Ninguna regularización, asilo ni traslado a la Península"

Las propuestas de modificación legislativa sobre retornos migratorios vinculadas al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, no figuran en las Cortes como iniciativas registradas a su nombre: su papel es político, no formalmente legislativo. Sus demandas se han canalizado principalmente a través de una proposición de ley orgánica del Grupo Popular en el Congreso para extender el rechazo en frontera a las entradas por mar en Ceuta y Melilla, registrada el 16 de julio de 2026 y todavía pendiente de tramitación (sin debate ni votación de toma en consideración, según la cobertura de Demócrata). Además, Vivas ha participado en las negociaciones sobre las reformas del artículo 35 de la Ley de Extranjería (reparto de menores migrantes), una de cuyas versiones fue rechazada por el Congreso en 2024 y otra se ha articulado vía real decreto-ley ya convalidado, pero esas reformas se centran más en acogida y distribución que en retornos estrictos. En síntesis: sus propuestas han influido en el contenido de iniciativas ya registradas o debatidas, pero no existe hoy una “proposición de ley de Vivas” específica sobre retornos migratorios en fase avanzada de tramitación.

Limitaciones formales: qué puede y qué no puede registrar Ceuta

La propia búsqueda institucional confirma que en Congreso y Senado no hay iniciativas donde el “presidente de Ceuta” figure como autor o coautor de una reforma sobre devoluciones, expulsiones o readmisiones. La Ciudad Autónoma no tiene iniciativa legislativa directa en las Cortes, por lo que Vivas solo puede influir:

• a través del Gobierno central (Interior, Política Territorial, Infancia, etc.), como se refleja en las notas de prensa de Política Territorial de abril y noviembre de 2024 (Plan Integral Ceuta, reforma art. 35, cita PP, Canarias y Ceuta);
• y mediante la presión sobre los grupos parlamentarios, sobre todo el PP, que es quien ha vehiculado la propuesta de endurecer los retornos.

Proposición del PP sobre rechazo en frontera por mar (vinculada a Vivas)

Tras la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de julio de 2026 que impide aplicar el rechazo en frontera a quienes llegan a nado a Ceuta y Melilla, el PP registró una proposición de ley orgánica para modificar la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería. Demócrata detalla que la iniciativa fue registrada el 16 de julio y busca que el rechazo en frontera se pueda aplicar también a quienes sean detectados en la línea fronteriza marítima (propuesta del PP, Feijóo pide lectura única, instrumentos excepcionales, críticas de Tellado, versión resumida, anuncio previo, ampliación).

Según estas piezas, la proposición está ya registrada, pero a 13 de agosto de 2026 aún no consta que haya sido debatida ni sometida a toma en consideración, y el propio Demócrata recuerda que el Congreso cerró el periodo ordinario el 23 de julio con casi 200 leyes atascadas (atasco legislativo). Es decir, la reforma que refleja las exigencias de Vivas (recuperar y ampliar el rechazo en frontera para facilitar retornos inmediatos por mar) se encuentra en un estadio muy temprano: registrada y pendiente de iniciar su tramitación efectiva.

En paralelo, Demócrata recoge cómo Vivas ha pedido “por todos los medios” ese cambio legal y lo vincula expresamente al objetivo de reforzar los retornos hacia Marruecos en la crisis actual (Vivas exige reformar la Ley de Extranjería, sentencia y posibles barreras, letra pequeña de las devoluciones, qué es una devolución en caliente, rechazo, devolución y expulsión, apoyo de JUPOL, TS y rechazo en frontera).

Reformas sobre menores migrantes: más acogida que retorno

En 2024–2025 se debatieron en el Congreso reformas del artículo 35 de la Ley de Extranjería para crear un sistema de distribución obligatoria de menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla al resto de comunidades. Demócrata describe ese proceso y el rechazo inicial de una proposición de ley del PSOE en la toma en consideración (tres reformas en paralelo), mientras que otra iniciativa, del Grupo Plurinacional Sumar (122/000123), fue finalmente rechazada en el Pleno el 5 de octubre de 2024 (ficha de la iniciativa, BOCG de registro). Vivas apoyó políticamente estas reformas porque aliviaban la presión sobre Ceuta, pero su foco era la acogida y reubicación de menores, no tanto los retornos a terceros países.

Posteriormente, el Gobierno recurrió a un real decreto-ley para implantar el nuevo sistema de reparto, cuya convalidación fue celebrada por el propio Gobierno de Ceuta pese al voto en contra del PP en el Congreso, según recogió la prensa nacional (posición del PP ceutí, nota de Moncloa, nota de Política Territorial, plan estratégico de infancia migrante). Desde el punto de vista parlamentario, estas modificaciones están ya vigentes y la fase de convalidación se ha cerrado; quedan pendientes solo desarrollos reglamentarios, no nuevas leyes en tramitación.

Otras iniciativas conexas y contexto parlamentario

Además de estas reformas, el ecosistema parlamentario en materia migratoria incluye:

• Iniciativas sobre endurecimiento de la regularización por arraigo promovidas por Vox, que han superado la toma en consideración en el Senado (reforma de Vox, mayoría del PP en el Senado, otras batallas en Pleno, intento previo).
• Debates sobre transferencias de competencias migratorias a Cataluña y otros ajustes sectoriales (propuesta PSOE–Junts).
• Interpelaciones y mociones sobre Ceuta y la frontera, así como comparecencias extraordinarias de ministros de Interior, Defensa, Exteriores y Presidencia por la crisis migratoria de julio–agosto de 2026 (ausencia de Marlaska en el Senado, crisis migratoria, el Gobierno admite fallos, comparecencias en el Congreso, aviso del Senado, llamamiento del PP).

Todo ello confirma que el “paquete Vivas” sobre retornos (refuerzo de rechazo en frontera, cooperación con Marruecos y garantías de devolución) está incorporado de forma parcial a la agenda legislativa, pero, en lo estrictamente parlamentario, su principal reflejo —la proposición de ley orgánica del PP sobre devoluciones por mar— sigue, a día de hoy, en fase de registro y pendiente de arranque real de la tramitación.

Otros enlaces mencionados en las fuentes

En la documentación utilizada aparecen también otras piezas de Demócrata y de diversos actores políticos que contextualizan el clima parlamentario y mediático (aunque no se centran en los retornos migratorios de Ceuta), entre ellas: sobre el caso Kitchen (artículo Kitchen), tensiones internacionales (Trump y Meloni), explicaciones sobre Schengen y la UE (reunión de ministros de Interior, Eurocámara, Vivas ante la Eurocámara), así como contenidos ajenos a la materia consultada (economía, sorteos, encuestas, etc.: inflación, euríbor 16 de julio, euríbor 21 de julio, Lotería 18 de julio, Lotería 25 de julio, Primitiva 4 de julio, Primitiva 16 de julio, encuesta electoral, otra pieza Kitchen, María Jesús Montero en el Senado, pasarela al RETA, posición del PP sobre Ley de Nietos, agresiones a aficionados, voto exterior, Mesa del Congreso y vivienda de Feijóo, rebajas, Lotería, Primitiva, Primitiva 2), que no modifican las conclusiones sobre Ceuta pero formaban parte del material analizado.

En la legislación española, las competencias del ministro del Interior en fronteras y crisis migratorias se articulan sobre todo a través del real decreto que fija la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior (actualmente un real decreto específico, complementado por el Real Decreto 139/2020 sobre estructura de los departamentos ministeriales) y de normas sectoriales de extranjería y protección internacional. Estas disposiciones le atribuyen la dirección política de la seguridad de fronteras y de la actuación de Policía Nacional y Guardia Civil, así como la responsabilidad sobre los centros de internamiento de extranjeros y sobre parte del sistema de acogida e infraestructuras de inmigración. Además, el ministro del Interior asume funciones de coordinación operativa frente a la inmigración irregular en zonas sensibles como el Estrecho y el mar de Alborán, y canaliza acuerdos internacionales con ACNUR y la OIM. Todo ello se ejerce en coordinación con otros ministerios (especialmente Inclusión, Asuntos Exteriores y Defensa) y con las instituciones de la Unión Europea.

Marco normativo y organización interna

El núcleo jurídico de las competencias del ministro del Interior está en el real decreto que desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior (la versión vigente sucede al Real Decreto 734/2020, de 4 de agosto). Este tipo de real decreto, junto con el Real Decreto 139/2020, distribuye funciones entre el ministro, las secretarías de Estado y las direcciones generales, incluyendo:

• Dirección General de la Policía, cuyo desarrollo de estructura y funciones se concreta en la Orden INT/859/2023, modificada por la Orden INT/985/2023. Entre sus competencias figuran la documentación de extranjeros, el control de fronteras en aeropuertos y puestos habilitados y la lucha contra la inmigración irregular.
• La Guardia Civil, a la que el real decreto orgánico asigna funciones de vigilancia de fronteras terrestres y marítimas y control del litoral.

A través de este entramado, el ministro del Interior ostenta la potestad de dirección, planificación estratégica y coordinación de todos estos órganos en materia de fronteras y migración irregular.

Control y vigilancia de fronteras

La función de control de fronteras se ejerce principalmente mediante:

• La actuación de Policía Nacional en puestos fronterizos, definida orgánicamente por la Orden INT/859/2023, que detalla sus servicios centrales y territoriales vinculados a documentación, control de entrada/salida y lucha contra redes de tráfico de personas.
• La vigilancia del mar territorial y de las fronteras terrestres (como las vallas de Ceuta y Melilla) por la Guardia Civil, bajo la dirección política del ministro.
• La gestión de los centros de internamiento de extranjeros (CIE), regulados por el Real Decreto 162/2014, que aprueba su reglamento de funcionamiento y régimen interior. Aunque esta norma se centra en el funcionamiento de los CIE, presupone la competencia del Ministerio del Interior para su organización, seguridad y custodia de internos.

En situaciones de presión migratoria en frontera, estas estructuras permiten al ministro del Interior ordenar refuerzos, redistribuir efectivos y activar dispositivos especiales de vigilancia y rescate, en coordinación con Salvamento Marítimo y otros órganos.

Gestión de crisis migratorias e infraestructuras de acogida

La competencia específica de coordinación frente a crisis migratorias se ha reforzado mediante acuerdos de Gobierno. La Orden PCI/121/2019 publica un Acuerdo del Consejo de Ministros que adopta medidas adicionales para reforzar las capacidades de la Autoridad de Coordinación de las actuaciones para hacer frente a la inmigración irregular en la zona del Estrecho de Gibraltar, mar de Alborán y aguas adyacentes. Dicha autoridad depende del Ministerio del Interior, lo que sitúa al ministro como responsable político de la coordinación operativa entre Guardia Civil, Policía Nacional, Salvamento Marítimo y otros servicios en escenarios de llegadas masivas.

En el ámbito de acogida, el Real Decreto 882/2021 regula subvenciones para financiar el Sistema Nacional de Acogida e Integración de Personas Solicitantes y Beneficiarias de Protección Internacional y la atención sociosanitaria en los centros de estancia temporal de inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla. Aunque la gestión global de la protección internacional recae en otros departamentos, este real decreto evidencia que Interior participa en la financiación y atención en algunos dispositivos clave de primera acogida.

Complementariamente, el Real Decreto 220/2022 aprueba el reglamento del sistema de acogida en materia de protección internacional, donde se articula la cooperación entre Interior y el ministerio competente en inclusión social en la fase de llegada, identificación, derivación y, en su caso, internamiento.

Cooperación internacional y con la Unión Europea

El ministro del Interior desempeña también un papel central en la dimensión exterior de la política migratoria, a través de acuerdos administrativos internacionales y la participación en mecanismos de la UE:

• El acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones sobre retorno voluntario asistido, reintegración y gestión fronteriza integrada, recogido en el acuerdo con la OIM de 2025, atribuye al Ministerio del Interior la responsabilidad de impulsar proyectos de gestión integrada de fronteras y retornos en cooperación con la OIM.
• Múltiples acuerdos administrativos entre el Ministerio del Interior y ACNUR, como los formalizados en 2023 y 2025 sobre cooperación en protección internacional (acuerdo ACNUR 2023, acuerdo ACNUR 2025), refuerzan su condición de interlocutor clave con organismos internacionales en materia de asilo y refugio.

A esto se suma, aunque no se detalla en las normas citadas, la participación estructural del ministro del Interior en los Consejos de Ministros de Justicia e Interior de la UE y en la negociación y aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, en coordinación con Asuntos Exteriores.

Coordinación interministerial y distribución de competencias

Conviene subrayar que las competencias del ministro del Interior en crisis migratorias y fronteras se ejercen de forma concurrente con otros departamentos:

• Con el ministerio competente en migraciones y política de inclusión, que asume la planificación de cupos de acogida, integración y gran parte del sistema de asilo.
• Con Exteriores, en la negociación de acuerdos de readmisión y cooperación con países de origen y tránsito.
• Con Defensa, en el eventual uso de capacidades militares (por ejemplo, medios navales) para apoyo humanitario o de vigilancia.

Las normas sobre delegación de competencias en extranjería en subdelegaciones del Gobierno, como la Resolución de Sevilla de 2017 o la Resolución de Córdoba de 2018, muestran cómo el ministro distribuye sus funciones ejecutivas en territorio, especialmente en expedientes de extranjería vinculados a llegadas y regularización.

En síntesis, según la normativa vigente, el ministro del Interior lidera la seguridad de fronteras, la respuesta operativa a las crisis migratorias y la gestión de CIE y determinados dispositivos de primera acogida, además de representar a España ante socios internacionales en aspectos policiales y de control migratorio, siempre en un marco de competencias compartidas con otros ministerios y con la Unión Europea.

Las fuentes oficiales y periodísticas consultadas no ofrecen, de forma explícita y desagregada, los datos de votos y escaños obtenidos por el Partido Popular (PP) y el PSOE en las últimas elecciones a la Asamblea de Ceuta (las celebradas junto con las elecciones locales del 28 de mayo de 2023). Por tanto, no es posible dar una cifra fiable de cuántos votos y cuántos escaños logró cada uno de estos partidos en esos comicios a partir de la información disponible. Sí sabemos que esos resultados constan en la documentación de la Junta Electoral y en el Boletín Oficial del Estado, pero el detalle concreto no aparece en los textos accesibles en las fuentes que se han revisado. En consecuencia, la única respuesta rigurosa es señalar esta carencia y orientar sobre dónde puede consultarse el dato exacto.

Qué dicen las fuentes oficiales sobre las elecciones de 2023

La referencia más directa localizada es la resolución de la Junta Electoral Central de 20 de octubre de 2025, que corrige errores en la publicación del resumen de resultados de las elecciones locales del 28 de mayo de 2023. Esa resolución menciona expresamente que esa corrección afecta, entre otras, a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y remite al resumen de resultados que se publicó previamente en el BOE (1 de noviembre de 2023). Es en ese resumen general —no reproducido en el texto consultado— donde figuran los datos oficiales de la elección de concejales y de los miembros de la Asamblea de Ceuta, desglosados por candidaturas.

Sin embargo, el propio texto de la resolución que se ha podido leer corrige un caso concreto de un municipio de Segovia y solo incluye tablas de ese ámbito, sin desglosar en ningún momento cuántos votos o escaños obtuvieron el PP y el PSOE en la Asamblea de Ceuta. Es decir, la existencia de los resultados oficiales está acreditada, pero el fragmento accesible no incorpora el cuadro correspondiente a Ceuta.

Lo que se deduce (y lo que no) de la información disponible

En el ámbito estatal y autonómico más amplio, diferentes informaciones ayudan a contextualizar el peso electoral de PP y PSOE, pero no sustituyen al dato concreto de Ceuta:

• Demócrata ha analizado en profundidad las tendencias de voto generales, por ejemplo en su pieza sobre el promedio de encuestas para generales, donde se detalla la pugna PP–PSOE a nivel nacional (análisis de encuestas generales).
• También ha cubierto la evolución territorial del bipartidismo en otras autonomías (Extremadura, Andalucía, Castilla y León, Madrid, Aragón, Murcia, etc.), con abundancia de datos de PP y PSOE, pero centrados en esas comunidades, no en Ceuta (Extremadura 2023, Extremadura 2025, Andalucía 2026, Castilla y León 2026, Madrid, Aragón, Murcia).
• En clave de Ceuta, el periódico Demócrata sí ha tratado la situación política reciente, por ejemplo en informaciones sobre la crisis migratoria y su impacto nacional, donde se analiza cómo la situación en la ciudad empuja al alza al PP frente al PSOE en las encuestas generales (Sondeo SocioMétrica, NC Report sobre Ceuta) o en piezas de política local como el relevo en la Delegación del Gobierno a propuesta del PSOE (nombramiento del delegado del Gobierno) y los debates sobre el papel del PP ceutí (declaraciones de Juan Vivas, postura del PSOE sobre la crisis de Ceuta).

Toda esta información apunta a que Ceuta es hoy un territorio políticamente muy relevante para ambos partidos, pero ninguna de las piezas citadas reproduce el acta de resultados de la Asamblea ni el reparto exacto PP–PSOE de 2023.

Dónde encontrar el dato exacto

Dado que las cifras concretas no aparecen en los textos accesibles, para conocer con precisión cuántos votos y escaños obtuvieron PP y PSOE en las últimas elecciones autonómicas de Ceuta es necesario acudir a las fuentes oficiales de resultados electorales:

• El propio Boletín Oficial del Estado, donde se publicó el resumen de resultados locales de 2023 al que remite la resolución de la Junta Electoral Central.
• El portal de resultados electorales de la Administración General del Estado (Ministerio competente en materia electoral), que permite filtrar por proceso electoral y por circunscripción hasta llegar a la ciudad autónoma de Ceuta.
• La página institucional de la Ciudad Autónoma o de la propia Asamblea de Ceuta, que en muchas ocasiones reproducen o enlazan esos resultados oficiales.

Hasta que no se consulten esos repositorios primarios, cualquier cifra sobre resultados de PP y PSOE en la Asamblea de Ceuta sería una conjetura, y por tanto no sería responsable ofrecerla.