Ceuta alerta de una nueva convocatoria en redes otra entrada masiva de migrantes el 15 de agosto

Las negociaciones entre la Ciudad Autónoma de Ceuta y el Gobierno central sobre el refuerzo de efectivos policiales están en una fase básicamente coyuntural y de gestión de crisis, no de pacto estructural. Tras la entrada masiva de migrantes del 30 de julio, se han acordado refuerzos puntuales muy significativos de Policía Nacional y Guardia Civil y una coordinación diaria con el Ejecutivo de Juan Jesús Vivas, pero no hay, según las fuentes disponibles, un acuerdo cerrado sobre incrementos permanentes de plantilla ni sobre el desarrollo completo del “plan integral de seguridad” que se reclama desde hace años. El debate político sigue abierto en Madrid y en Ceuta sobre si estos refuerzos deben consolidarse y con qué medios.

Qué se ha acordado hasta ahora: refuerzo de emergencia

En la comparecencia de Pedro Sánchez en Ceuta el 31 de julio, tras una reunión de coordinación con Vivas y los mandos de Policía Nacional y Guardia Civil, el presidente anunció un aumento inmediato de 400 efectivos entre ambos cuerpos, combinado con el despliegue del Ejército y otros recursos estatales, para “garantizar la seguridad de los ciudadanos ceutíes” según la transcripción de su intervención y la nota de actividades de Moncloa sobre esa reunión de coordinación en Ceuta (actividad del presidente).

En paralelo, el Ministerio del Interior ha detallado refuerzos concretos: incremento de unidades UIP y UPR de la Policía Nacional, desplazamiento de especialistas de Extranjería y refuerzo de la Guardia Civil en frontera y seguridad ciudadana, además del apoyo militar. Estas medidas se recogen en varias informaciones de Demócrata sobre el despliegue de Guardia Civil y Policía Nacional en la crisis migratoria de finales de julio (refuerzo de Interior, elevación a 400 refuerzos, despliegue del Ejército, movilización del Ejército).

Además del componente humano, Interior ha puesto en marcha medidas materiales que se han coordinado también con las autoridades ceutíes, como la instalación de una barrera neumática y boyas de contención en el espigón del Tarajal, anunciada por Fernando Grande-Marlaska el 1 de agosto para dar cumplimiento a la sentencia del Supremo y reforzar el control fronterizo, según la nota oficial de Interior (barrera neumática en el Tarajal). Esta línea material se suma al proyecto previo de “frontera inteligente” de El Tarajal descrito en 2024 por Interior (nota de Moncloa, nota de Interior).

Relación política y margen de negociación de Ceuta

En el plano político, la ciudad autónoma ha utilizado la crisis para presionar por más medios y un mando reforzado del Estado. Vivas y todos los grupos de la Asamblea, incluido el PSOE, han reclamado sucesivamente declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional, mando único y refuerzo extraordinario de efectivos, según diversas crónicas de Demócrata sobre las peticiones del Gobierno ceutí y las conversaciones con Sánchez y Marlaska (reclamo de emergencia y mando único, garantías de Sánchez a Vivas, contactos Marlaska‑Vivas).

Las fuentes parlamentarias de la oposición subrayan, sin embargo, que esta relación no se ha traducido en un acuerdo estructural. El PP recuerda que ya en 2024 y 2025 denunciaba un “déficit de efectivos” y unas condiciones “insostenibles” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Ceuta y Melilla, y reprocha al Gobierno que el prometido Plan de Seguridad para las ciudades autónomas siga sin concretarse, según notas del partido (denuncia del PP sobre déficit de efectivos, exigencia del plan integral, ofensiva parlamentaria tras la crisis, petición de comparecencia de Sánchez).

Es decir, las “negociaciones” actuales entre Ceuta y el Gobierno central funcionan más como coordinación operativa diaria y presión política que como una mesa formal con cifras y calendario de plantilla estable. No se dispone de más información en las fuentes consultadas que acredite un compromiso firmado de aumento permanente de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil más allá de los refuerzos específicos anunciados en estos días.

Debate pendiente: plantilla estructural y modelo de frontera

El trasfondo de estas negociaciones es doble. Por un lado, la ciudad y los sindicatos policiales piden desde hace tiempo efectivos estructurales, mejores instalaciones y medios materiales, no solo refuerzos cuando hay crisis, como recogen distintas informaciones de Demócrata sobre las quejas de AUGC y JUPOL durante y antes de esta última oleada migratoria (análisis del “shock” migratorio, reivindicaciones de JUPOL, debate en el Senado sobre presión migratoria, promesas de Feijóo en Ceuta).

Por otro, el Gobierno central vincula parte de la respuesta al desarrollo tecnológico de la frontera (frontera inteligente, barreras físicas) y a la cooperación con Marruecos y la UE, como ilustran las notas de Interior y la actuación frente a propuestas de refuerzo de Frontex recogidas por el periódico Demócrata (Operación Minerva, propuesta de Bruselas sobre Frontex, análisis sobre Frontex en Ceuta).

En suma, a día de hoy las negociaciones Ceuta‑Gobierno se han traducido en refuerzos temporales muy amplios y en un compromiso político genérico de “usar todos los recursos del Estado”, pero siguen abiertas las discrepancias sobre si esos efectivos se consolidarán y cómo se articulará un plan estable de seguridad y fronteras para la ciudad.

Otras piezas de contexto de Demócrata sobre esta crisis y sus efectos en Ceuta pueden consultarse en: crisis migratoria de julio, entradas constantes, evolución de las llegadas, acuerdo España‑Marruecos sobre devoluciones, blindaje del centro urbano, protestas ciudadanas, autocrítica del Gobierno, comparecencia de Marlaska, barreras de contención, estimaciones de Vivas sobre llegadas, llamadas de Felipe VI y petición de pacto de Estado.

Alejandro Ramírez aparece institucionalmente como consejero de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda de la Ciudad Autónoma de Ceuta, y en la prensa se le identifica también como portavoz del Ejecutivo local. Sin embargo, en las fuentes consultadas no consta ninguna norma ni acuerdo orgánico que regule de forma expresa el cargo de “portavoz del Gobierno de Ceuta” ni un catálogo cerrado de competencias. A partir de lo disponible, su función de portavoz se concreta en representar públicamente la posición del Gobierno ceutí y explicar sus decisiones, mientras que sus competencias formales derivan de su condición de consejero dentro del Consejo de Gobierno de la Ciudad.

Qué se sabe con certeza sobre el cargo de Alejandro Ramírez

En la base institucional consultada, Alejandro Ramírez Hurtado figura como Consejero de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda de Ceuta, con rango de consejero dentro del Gobierno de la Ciudad Autónoma. No se identifica ningún puesto específico cuyo título incluya la palabra “portavoz” en el organigrama oficial de la Ciudad ni en los nombramientos publicados.

La única referencia directa a su papel como portavoz procede de la prensa generalista. En una crónica sobre la reforma de la Ley de Extranjería y la reubicación de menores migrantes, elDiario.es lo define expresamente como “portavoz del Ejecutivo local” y recoge cómo fija y explica la posición del Gobierno ceutí frente al debate interno en el PP y frente a otras comunidades autónomas:

• Defiende públicamente la postura del Gobierno de Ceuta favorable a la modificación normativa y al reparto de menores.
• Subraya que “la ley está para cumplirla” frente a la eventual desobediencia de ejecutivos autonómicos de su mismo partido.
• Presenta la posición de Ceuta como alineada con la necesidad de una solución estructural para la acogida de menores.

Todo ello se recoge en el reportaje sobre el PP ceutí y el reparto de menores migrantes, que es la principal pieza periodística donde se explicita su rol como portavoz.

Límites de la información disponible sobre sus competencias formales

Ni en el Estatuto de Autonomía de Ceuta (citado de forma indirecta en convenios publicados en el BOE) ni en los textos de organización interna consultados aparece una mención específica a un “portavoz del Gobierno” de la Ciudad Autónoma. En los convenios y resoluciones estatales se describe a Ceuta como ciudad autónoma con competencias en múltiples ámbitos —urbanismo, desarrollo socioeconómico, empleo, consumo, cooperación—, pero no se detalla la existencia ni las funciones de una portavocía del Ejecutivo.

Por tanto, con las fuentes utilizadas solo puede afirmarse que:

• Su cargo jurídico-político cierto es el de consejero del Gobierno de la Ciudad Autónoma.
• El papel de portavoz que se le atribuye es de naturaleza política y comunicativa, evidenciada en sus comparecencias ante los medios, pero no acompañado en estas fuentes de una regulación orgánica detallada.
• No se dispone de un listado oficial de competencias específicas propias de la portavocía (convocatoria de ruedas de prensa, coordinación de mensajes, relación con la Asamblea, etc.).

En otras palabras: las fuentes permiten ver qué hace de facto cuando actúa como portavoz (explicar la posición del Gobierno de Ceuta en cuestiones como la gestión de menores migrantes), pero no proporcionan un texto normativo que tipifique y acote sus funciones como “portavoz del Gobierno de Ceuta”.

Contexto institucional y referencias relacionadas con Ceuta

El funcionamiento del Gobierno de Ceuta y su relación con el Estado se refleja en diversos documentos y notas oficiales, que ayudan a enmarcar la actividad del Ejecutivo del que forma parte Alejandro Ramírez, aunque no detallen sus funciones de portavoz. Entre ellos pueden consultarse, por ejemplo:

• El convenio sobre planes integrales de desarrollo socioeconómico en Ceuta y Melilla, donde se describe el papel institucional de la Ciudad Autónoma y de su presidente: convenio Defensa–Ciudad de Ceuta.
• Los acuerdos en materia de empleo y bonificaciones, que citan el Estatuto de Autonomía y las competencias de la Ciudad: convenio SEPE–Ciudad de Ceuta.
• El desarrollo del arbitraje de consumo en Ceuta, que muestra la articulación entre la Administración General del Estado y la Ciudad: convenio sobre arbitraje de consumo.
• Notas oficiales del Gobierno central sobre Ceuta y su financiación o su dimensión exterior, como la reunión entre José Manuel Albares y Juan Vivas en torno al Plan Integral: nota de Exteriores sobre Ceuta.
• Diversos comunicados y agendas de La Moncloa donde se detalla la interlocución entre el presidente del Gobierno y el presidente de Ceuta o se describe la respuesta estatal a la última crisis migratoria, en los que se reconoce el papel del Gobierno de la Ciudad como interlocutor pleno:
  • comparecencia de Pedro Sánchez en Ceuta
  • reunión de coordinación en Ceuta
  • agenda de Ángel Víctor Torres en Ceuta
  • agenda de Elma Saiz con Vivas
  • reunión de Sira Rego con Vivas
  • reunión de Sira Rego con Vivas y el consejero de Presidencia

Ninguno de estos documentos, sin embargo, introduce una definición formal del puesto de portavoz del Gobierno de Ceuta. Por tanto, con la información disponible solo puede afirmarse que Alejandro Ramírez ejerce de portavoz en el plano político y mediático, compatibilizando esa función con sus responsabilidades ejecutivas como consejero, sin que las fuentes consultadas permitan detallar más sus competencias.

La intervención operativa de la Unión Europea en la protección de fronteras exteriores como las de Ceuta y Melilla se apoya en la competencia compartida de la UE y los Estados en control fronterizo, pero la frontera sigue siendo responsabilidad primaria de España. En la práctica, la UE actúa sobre todo a través de la Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) y de las normas del espacio Schengen. Para que haya un despliegue significativo de medios europeos suele requerirse una petición o aceptación explícita de España, un análisis de riesgos y una decisión formal de la Agencia o de las instituciones de la UE. Todo ello debe respetar la normativa de derechos humanos, de asilo y la legislación española específica para Ceuta y Melilla.

1. Marco competencial UE–España en fronteras exteriores

Aunque la pregunta se sitúa en el ámbito de la UE y yo estoy especializado sobre todo en el contexto político y normativo español, puede trazarse un esquema general:

• La UE tiene competencia para establecer normas comunes sobre control de fronteras exteriores, visados de corta duración y cooperación policial, mediante sus Tratados y normativa derivada (código de fronteras Schengen y reglamentos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas).
• Los Estados miembros conservan la responsabilidad operativa primaria sobre sus fronteras. En el caso español, ello se articula a través del Ministerio del Interior, Guardia Civil y Policía Nacional, y se complementa con normas específicas sobre inmigración y seguridad ciudadana.
• La intervención de la UE no desplaza la soberanía española, sino que la refuerza mediante apoyo técnico, humano y material (operaciones conjuntas, despliegues europeos, intercambio de información, etc.).

2. Condiciones generales para la intervención de la UE (Frontex)

Sin entrar en el detalle artículo por artículo de la normativa europea (que no figura en las fuentes consultadas), el esquema jurídico de la Guardia Europea de Fronteras y Costas se basa en varios tipos de actuación, todos ellos relevantes para fronteras terrestres como Ceuta y Melilla:

• Operaciones conjuntas y apoyo técnico: España puede solicitar a la Agencia apoyo en forma de equipos técnicos y guardias de fronteras de otros Estados miembros. Jurídicamente, esto exige:
  • Una solicitud o acuerdo de España.
  • Una decisión formal de la Agencia sobre el tipo de operación, alcance, mandato y reglas de actuación.
  • La firma de un plan operativo que delimite responsabilidades de España y de la Agencia, con respeto a la normativa de derechos humanos y de protección internacional.
• Intervenciones rápidas en fronteras: están pensadas para situaciones de presión migratoria intensa o crisis en una frontera exterior. Requieren, de forma simplificada:
  • Identificación de una situación de urgencia en la frontera.
  • Evaluación técnica de la Agencia sobre los riesgos y necesidades.
  • Aceptación del Estado miembro del despliegue y del plan operativo.
• Escenarios de grave deficiencia: la normativa europea prevé mecanismos reforzados cuando un Estado no protege adecuadamente un tramo de la frontera exterior, con posibilidad de decisiones vinculantes de la UE que intensifiquen la presencia europea. En todo caso, el Estado sigue obligado a cooperar y a garantizar el respeto de los derechos fundamentales.

3. Particularidades de Ceuta y Melilla en el derecho español

La regulación española introduce un régimen especial para Ceuta y Melilla que condiciona cualquier actuación europea en la zona, porque los agentes desplegados deben actuar conforme al derecho español vigente.

• La Ley Orgánica 4/2015 añadió a la Ley de Extranjería una disposición adicional décima, “Régimen especial de Ceuta y Melilla”. Según el texto reproducido en la propia LO 4/2015, los extranjeros detectados en la línea fronteriza de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos “podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”, debiendo respetarse en todo caso la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional, y tramitándose las solicitudes de asilo en los lugares habilitados.
• El Tribunal Constitucional, en la Sentencia 172/2020, analiza este régimen especial y afirma que la singularidad de Ceuta y Melilla se conecta con la presión migratoria y los problemas de seguridad pública, destacando que cualquier rechazo en frontera debe interpretarse de forma conforme a la Constitución y a las obligaciones internacionales de España.

Todo despliegue o actuación de la UE en Ceuta y Melilla debe, por tanto, integrarse en este marco: la decisión última sobre rechazo, admisión o tramitación de protección internacional es española, y la cooperación europea no puede legitimar prácticas contrarias a la Constitución o a los tratados de derechos humanos.

4. Normativa española conexa y coordinación operativa

En el plano interno, hay varias normas que, sin regular directamente la intervención de la UE, sí estructuran el dispositivo español en fronteras y en materia migratoria, lo que condiciona cómo se articula el apoyo europeo:

• Seguridad ciudadana y rechazo en frontera: además de la ya citada LO 4/2015, el Tribunal Constitucional ha indicado que el régimen especial de Ceuta y Melilla debe aplicarse con garantías en la STC 172/2020.
• Autoridades competentes: la LO 4/2015 define como competentes al Ministro del Interior, al Secretario de Estado de Seguridad y a los Delegados del Gobierno en Ceuta y Melilla, lo que implica que la solicitud de apoyo de la UE o la aceptación de un despliegue en fronteras se canaliza a través de estos órganos.
• Gestión de inmigración y coordinación en el Estrecho y Alborán: se ha creado una Autoridad de Coordinación frente a la inmigración irregular, mediante la Orden PCI/842/2018 y su refuerzo por la Orden PCI/121/2019, relevante para la interlocución con Frontex en el sur de España.
• Medidas de cierre o limitación de pasos fronterizos: por ejemplo, la Resolución de 13 de diciembre de 2022 mantiene el cierre parcial temporal de los puestos terrestres de Ceuta y Melilla, ilustrando cómo las decisiones españolas sobre apertura o cierre de pasos condicionan el tipo de operación que la UE puede apoyar.

5. Otros instrumentos relevantes publicados en el BOE

Aunque no todos se refieren directamente a Ceuta y Melilla, forman parte del entramado normativo que afecta a control fronterizo, inmigración, seguridad o coordinación con la UE y organismos internacionales, y ayudan a contextualizar la intervención europea en fronteras:

• Indemnizaciones por participación en operaciones en el extranjero: Orden INT/661/2025.
• Cooperación para intercambio de información marítima (ECII-CISE): Acuerdo de Cooperación ECII‑CISE.
• Organización de la Dirección General de la Policía: Orden INT/859/2023 y su modificación por la Orden INT/985/2023.
• Autoridad de coordinación frente a la inmigración irregular en el Estrecho y Alborán: Orden PCI/842/2018 y su refuerzo mediante la Orden PCI/121/2019.
• Normas sobre acogida de protección internacional y gestión de plazas, que inciden en cómo se gestiona a las personas que sí acceden al territorio: Orden ISM/680/2022 y su modificación por la Orden ISM/535/2024.
• Diversas órdenes y resoluciones que afectan a puntos de entrada (aeropuertos, puertos) y controles fronterizos, como la habilitación de pasos o la regulación de controles sanitarios y aduaneros (Orden PCI/7/2019, Orden PRA/223/2018, Orden PJC/756/2024, Resolución de 28 de julio de 2023, etc.).

Fuera de estas referencias, no se dispone de más información detallada sobre el articulado concreto de los Tratados de la UE o del reglamento vigente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas en las fuentes consultadas; por ello, la descripción de los requisitos se ha mantenido en un plano general.