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La Guardia Civil tiene un papel central en la protección de la fauna y del medio ambiente en España, tanto por mandato legal general como a través de unidades especializadas, especialmente el SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza). Sus competencias combinan funciones de policía administrativa, policía judicial y de auxilio a otras administraciones ambientales.

Marco general de competencias

Como Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, la Guardia Civil:

• Vigila el cumplimiento de la normativa estatal y autonómica en materia de medio ambiente, espacios naturales, aguas, montes, residuos, atmósfera, costas, patrimonio natural y biodiversidad.
• Ejerce funciones de policía judicial cuando hay indicios de delito (por ejemplo, delitos contra los recursos naturales, incendios forestales intencionados, tráfico ilegal de especies).
• Colabora con las administraciones ambientales (ministerios, comunidades autónomas, confederaciones hidrográficas, ayuntamientos) en labores de inspección, control y ejecución de medidas.

SEPRONA: unidad especializada

El núcleo de la actuación de la Guardia Civil en este ámbito es el SEPRONA, presente en todo el territorio. Sus competencias específicas incluyen:

• Vigilancia preventiva del medio natural: patrullas por zonas rurales, espacios protegidos, cauces de ríos, montes y áreas de alto valor ecológico para detectar actividades ilegales o riesgos ambientales.
• Inspección e investigación de infracciones administrativas y delitos ambientales, elaborando atestados y remitiéndolos a la autoridad judicial o a la administración competente.
• Apoyo técnico en investigaciones complejas (envenenamientos de fauna, vertidos contaminantes, tramas de comercio ilegal de especies, etc.), en coordinación con fiscales y jueces especializados.

Protección de fauna silvestre

En materia de fauna, las competencias de la Guardia Civil abarcan:

• Control de la caza y la pesca: comprobación de licencias, cupos, períodos hábiles, artes permitidas y respeto a las especies protegidas, tanto en aguas continentales como en el medio terrestre.
• Persecución del furtivismo y de métodos prohibidos (lazos, venenos, redes ilegales, cepos, reclamos electrónicos…), incluidas operaciones contra redes organizadas de caza y captura ilegal.
• Actuación frente al tráfico ilegal de especies de flora y fauna, tanto autóctonas como exóticas, incluidas intervenciones en aeropuertos, carreteras y comercios (tiendas de animales, mercados, venta online).
• Investigación de envenenamientos de fauna, especialmente de especies amenazadas (rapaces, carroñeras, grandes depredadores), con recogida de muestras, custodia de indicios y coordinación con laboratorios.
• Colaboración en la recuperación de animales heridos o desorientados, poniéndolos a disposición de centros de recuperación de fauna salvaje y servicios veterinarios competentes.

Protección del medio ambiente y los recursos naturales

Más allá de la fauna, la Guardia Civil actúa sobre un amplio abanico de ámbitos ambientales:

• Residuos y vertidos: control de vertederos ilegales, transporte y gestión de residuos peligrosos, vertidos a aguas superficiales, subterráneas o al suelo, emisiones contaminantes y actividades industriales irregulares.
• Montes e incendios forestales: vigilancia de usos forestales, aprovechamientos madereros y actividades que puedan generar riesgo de incendio; en los incendios, investigación de causas y posibles responsabilidades penales.
• Urbanismo y ordenación del territorio: apoyo a las autoridades ante edificaciones ilegales en suelo rústico, ocupación indebida de dominio público, alteraciones de cauces o costas, y otros daños al paisaje o a espacios protegidos.
• Protección de espacios naturales: control de actividades dentro de parques nacionales, naturales y otras figuras de protección (circulación de vehículos, acampadas ilegales, recolección no autorizada de especies, actividades deportivas o turísticas impactantes).
• Control de actividades económicas que inciden en el medio (granjas, explotaciones ganaderas, canteras, explotaciones mineras, piscifactorías, etc.), verificando permisos y condiciones ambientales.

Coordinación institucional y educación ambiental

La Guardia Civil también desempeña funciones de cooperación y sensibilización:

• Participación en operativos conjuntos con otras fuerzas de seguridad, servicios forestales autonómicos, agentes medioambientales y autoridades de aguas o costas.
• Colaboración con fiscalías especializadas en medio ambiente, aportando informes técnicos, peritajes y seguimiento de investigaciones.
• Desarrollo de campañas informativas y educativas en colegios, asociaciones y municipios rurales sobre protección de fauna, prevención de incendios, uso responsable del medio natural y denuncia de delitos ambientales.

En conjunto, la Guardia Civil, y en particular el SEPRONA, actúa como pieza clave del sistema de protección ambiental en España, integrando la vigilancia cotidiana en el territorio con la investigación penal y la colaboración con el resto de administraciones y de la sociedad civil.

La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo actúa como un fiscal especializado dentro del Ministerio Fiscal, aplicando las reglas generales de la Ley de Enjuiciamiento Criminal pero con protocolos y criterios propios para la persecución de delitos medioambientales. Aunque puede haber matices según la comunidad autónoma, el esquema básico de actuación es bastante homogéneo.

1. Inicio del procedimiento: cómo llega el caso

La actuación suele iniciarse por una de estas vías:

• Denuncia de particulares (ciudadanos, asociaciones ecologistas, ONG, sindicatos, etc.).
• Informes o atestados policiales, especialmente de SEPRONA (Guardia Civil), policías autonómicas o locales.
• Comunicaciones de la Administración (confederaciones hidrográficas, consejerías de medio ambiente, ayuntamientos, autoridades de costas, etc.).
• Actuación de oficio, por ejemplo, a partir de noticias de prensa o alertas sobre incendios, vertidos masivos o obras urbanísticas irregulares.

En esta fase, la Fiscalía realiza una criba inicial: revisa si, en abstracto, los hechos podrían encajar en un tipo penal (delito contra los recursos naturales, contra la ordenación del territorio, incendio forestal, maltrato animal, etc.) o si parecen materia exclusivamente administrativa.

2. Diligencias de investigación de la Fiscalía

Cuando aprecia indicios mínimos de delito pero la información es insuficiente, la Fiscalía abre diligencias de investigación (diligencias preprocesales), con varios objetivos:

• Concretar los hechos (cuándo, dónde, cómo, con qué impacto).
• Identificar a los presuntos responsables (personas físicas y jurídicas).
• Cuantificar o describir el daño ambiental y su relevancia.
• Valorar si concurren los elementos típicos del delito (gravedad, riesgo para la salud o ecosistemas, dolo o imprudencia grave, etc.).

Para ello, la Fiscalía puede:

• Requerir informes técnicos a órganos administrativos (medio ambiente, aguas, costas, urbanismo).
• Ordenar diligencias a SEPRONA, policía autonómica, policía local o agentes medioambientales.
• Solicitar documentación (licencias, expedientes sancionadores, planes urbanísticos, autorizaciones de vertido, etc.).
• Oír en declaración a denunciantes, responsables de la empresa, técnicos municipales, etc.

3. Coordinación con fuerzas de seguridad y administraciones

La Fiscalía de Medio Ambiente se apoya de forma sistemática en la policía judicial especializada (principalmente SEPRONA y policías autonómicas con unidades ambientales) y en los servicios técnicos de las administraciones. Es clave:

• Coordinar inspecciones in situ, toma de muestras y mediciones.
• Contrastar la situación con la normativa aplicable (planes urbanísticos, normativa de aguas, atmósfera, residuos, fauna protegida…).
• Asegurar que no se destruyan pruebas (paralización de obras, inmovilización de maquinaria, precintos, etc., cuando proceda y ya en sede judicial).

En muchos territorios existen fiscales delegados de Medio Ambiente y Urbanismo, que mantienen canales estables de coordinación con servicios administrativos y cuerpos policiales, lo que facilita una respuesta rápida en incendios, vertidos o demoliciones urgentes.

4. Decisión clave: archivo o judicialización

Una vez practicadas las diligencias de investigación, la Fiscalía adopta una resolución:

• Archivo de diligencias, cuando:
  • Los hechos no son constitutivos de delito (mera infracción administrativa).
  • No hay autor conocido ni posibilidades razonables de identificarlo.
  • La prueba es claramente insuficiente para sostener una acusación penal mínima.
• Remisión a la vía administrativa, cuando la respuesta adecuada es una sanción o medida de restauración ambiental por la Administración, pero no hay relevancia penal suficiente.
• Interposición de denuncia o querella ante el Juzgado de Instrucción competente, cuando aprecia indicios razonables de delito y ve posibilidades de sostener una acusación.

5. Fase judicial: relación con el juzgado de instrucción

Una vez presentado el caso en el juzgado, la Fiscalía actúa como en cualquier procedimiento penal, pero con especialización temática:

• Impulsa diligencias de instrucción (periciales, informes técnicos, declaración de investigados y testigos).
• Puede solicitar medidas cautelares (paralización de actividades contaminantes, clausura de instalaciones, obligación de restaurar provisionalmente, fianzas, etc.).
• Supervisa que se acrediten el daño ambiental y las responsabilidades civiles de restauración o indemnización.

Al final de la instrucción, el fiscal puede:

• Interesar el sobreseimiento (archivo judicial) si entiende que no hay base para acusar.
• Formular escrito de acusación, detallando hechos, delitos y penas solicitadas, así como la responsabilidad civil.
• Promover una conformidad con las defensas (acuerdo de culpabilidad y pena) cuando la ley lo permite y es adecuado.

6. Criterios de fondo en casos medioambientales

De forma transversal, la Fiscalía de Medio Ambiente suele aplicar algunos criterios constantes:

• Relevancia del daño o riesgo: se priorizan los supuestos con impacto grave o masivo, o riesgo para la salud pública.
• Conductas reiteradas o profesionales: más atención a actividades empresariales o institucionales que infringen sistemáticamente la normativa.
• Principio de intervención mínima: reservar el derecho penal para los casos más graves, dejando lo leve a la vía administrativa.
• Reparación del daño: se busca no solo la pena, sino la restauración del entorno y la prevención de nuevas infracciones.

Con la información disponible en fuentes abiertas consultadas ahora mismo no es posible ofrecer una cifra única y precisa de “cuántas denuncias medioambientales se han presentado en Ceuta en los últimos años” como serie completa y desagregada por año. Sí se pueden extraer algunos datos parciales y referencias que ayudan a aproximar el contexto y el orden de magnitud, pero no suman un total cerrado para la ciudad.

Qué datos concretos hay sobre Ceuta

De las fuentes oficiales localizadas, el dato más directo y específicamente referido a Ceuta procede de la Capitanía Marítima de Ceuta, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

• En su balance de actividad de 2024 se indica que la Capitanía Marítima de Ceuta inició 74 expedientes sancionadores a embarcaciones (principalmente de recreo y motos náuticas) por diferentes infracciones relacionadas con la navegación (titulaciones, seguros, equipos de seguridad, etc.).
• Dentro de ese conjunto, se señala expresamente la apertura de 4 expedientes sancionadores a buques mercantes por ocasionar contaminación marina, destacando el caso del buque quimiquero K ONSET, al que se le impuso una garantía de 600.000 euros por el vertido de más de 27.000 litros de fuel en el puerto de Ceuta (fuente: nota oficial de Transportes de 31/01/2025 y ampliada en este comunicado).

Esos 4 expedientes por contaminación marina en 2024 son, por tanto, un subconjunto de las denuncias o procedimientos con contenido ambiental en Ceuta, pero se limitan al ámbito portuario y marítimo y a un solo año. No incluyen otros posibles casos por vertidos terrestres, residuos, fauna, aguas interiores, urbanismo, etc.

Datos generales sobre denuncias medioambientales en España

Para situar Ceuta en contexto, las estadísticas generales de España muestran que la actividad sancionadora y penal en materia medioambiental es relevante:

• Según una nota del Ministerio del Interior sobre el SEPRONA de la Guardia Civil (5/06/2024), en 2023 se denunciaron más de 100.000 infracciones administrativas ligadas a su ámbito de actuación. Aproximadamente un 20 % de esas infracciones estuvieron relacionadas con residuos y vertidos. ( nota del Ministerio del Interior ).
• En la misma nota se indica que el SEPRONA ha duplicado en los últimos cinco años sus actuaciones por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, alcanzando más de 6.500 diligencias penales en 2023 en todo el país y una tasa de esclarecimiento superior al 80 %.
• Otro ejemplo es el programa europeo LIFE, que destaca la existencia en España de un sitio web para recibir denuncias ambientales que generó 681 denuncias escritas y más de 1.200 consultas, dando pie a operaciones policiales contra delitos medioambientales (vertidos ilegales, residuos, agua, fauna, etc.). ( LIFE Awards 2024 ).

Ninguna de estas fuentes, sin embargo, ofrece un desglose específico para Ceuta que permita saber cuántas de esas infracciones, delitos o denuncias se han producido exactamente en la ciudad autónoma año a año.

Por qué no hay una cifra única para Ceuta

Las denuncias o infracciones de carácter medioambiental en un territorio como Ceuta suelen registrarse en múltiples sistemas y administraciones:

• Guardia Civil (SEPRONA) y Policía Nacional, cuando hay indicios de delito penal.
• Capitanía Marítima y Autoridad Portuaria, para vertidos y contaminación en aguas portuarias.
• Servicios de medio ambiente de la Ciudad Autónoma, para expedientes administrativos por residuos, ruidos, suelos, etc.
• Fiscalía de Medio Ambiente, cuando las denuncias se canalizan directamente por vía penal.

Cada organismo lleva su propia estadística y muchas veces los datos se publican de forma agregada por provincia o por ámbito nacional, sin un desglose detallado para Ceuta o sin distinguir claramente qué expedientes son estrictamente “medioambientales” frente a otros tipos de infracciones.

Conclusión y cómo afinar la información

Con las fuentes accesibles ahora mismo se puede afirmar que:

• Hay constancia de al menos varios expedientes sancionadores por contaminación marina en Ceuta en los últimos años (por ejemplo, los 4 expedientes a buques mercantes en 2024 en el puerto de Ceuta).
• El volumen de denuncias medioambientales en España en su conjunto es elevado (más de 100.000 infracciones administrativas al año en el ámbito SEPRONA), pero no se publica de manera directa una serie histórica específica para Ceuta que permita dar la cifra total que solicitas.

Para obtener un dato más preciso sería necesario solicitar información estadística detallada a:

• La Guardia Civil (SEPRONA) sobre actuaciones penales y administrativas en el término de Ceuta.
• La Fiscalía de Ceuta sobre diligencias e investigaciones por delitos ambientales.
• La Ciudad Autónoma de Ceuta sobre expedientes sancionadores ambientales de su competencia.

Solo combinando esos registros se podría construir una serie robusta de “denuncias medioambientales en Ceuta” por años. Con la información pública localizada ahora, esa cifra global no puede establecerse con rigor.