La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (Asaja) ha mostrado su satisfacción por la suspensión de las compras de carne de vacuno a Brasil, una decisión de la Comisión Europea que entra en vigor este 3 de septiembre tras constatar que el país sudamericano vulneraba la normativa comunitaria sobre el uso de antimicrobianos.
La organización agraria interpreta este movimiento como un paso decisivo hacia la “reciprocidad real” en materia de seguridad alimentaria y reclama a la Unión Europea (UE) que la medida se aplique con total rigor y sin conceder prórrogas.
En un comunicado difundido este miércoles, Asaja sostiene que la decisión, incluida en el Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1189, da respuesta a una demanda histórica del sector, que reclama que las importaciones de terceros países se sometan a las mismas obligaciones de seguridad alimentaria, trazabilidad y bienestar animal que soportan los ganaderos europeos.
Al mismo tiempo, la organización alerta de que la suspensión solo tendrá efecto real si se acompaña de una supervisión estricta, recordando que el sistema de certificación brasileño continúa en una fase incipiente y que, por ahora, ninguna explotación ha sido reconocida oficialmente.
Por este motivo, Asaja solicita reforzar los controles en los puntos de entrada a la UE y ampliar la prohibición a otras irregularidades detectadas en las auditorías comunitarias.
En paralelo, la organización agraria cuestiona la posición del Gobierno de España sobre las consecuencias de esta decisión en el contexto del acuerdo comercial UE-Mercosur. Considera “insostenible” que el Ejecutivo mantenga que la suspensión no guarda relación con dicho pacto y califica de “contradictorio” el respaldo que en julio ofreció la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, para ayudar a Brasil a cumplir las garantías exigidas por Bruselas.
Por último, Asaja llama a los eurodiputados españoles a tener en cuenta estos avances antes de votar la ratificación del acuerdo con Mercosur en el Parlamento Europeo, remarcando que la credibilidad del sistema alimentario europeo depende de que se apliquen las mismas normas a todos los competidores.