El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa aprovechó el último Consejo de Ministros antes de agosto para presentar el borrador de un importante anteproyecto de ley. La futura norma busca renovar el sistema de prevención del blanqueo de capitales en una reforma estrucutral del marco supervisor y de resolución financiero.
¿En qué fase está? Audiencia pública, pudiendo presentarse alegaciones hasta el próximo 30 de septiembre.
¿Y a partir de ahí? Debe continuar su tramitación en el seno del Gobierno para ser aprobado como proyecto de ley y ser enviado al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria.
¿Cuáles son sus novedades principales?
Nueva autoridad antiblanqueo
El Gobierno plantea crear la Autoridad Nacional de Integridad Financiera (ANIFI), una autoridad administrativa independiente a partir de la transformación del actual FROB.
Absorberá las funciones que actualmente desempeña el Sepblac para integrar bajo un mismo paraguas inteligencia financiera, supervisión, inspección, potestad sancionadora y el control de las sanciones financieras internacionales. Además, la ANIFI actuará como el interlocutor único de España ante la recién creada autoridad europea antiblanqueo (AMLA).
La nueva autoridad no dependerá de los Presupuestos Generales del Estado sino que se financiará mediante una tasa impuesta a sujetos obligados que necesiten autorización administrativa para operar, fundamentalmente entidades financieras y operadores de juego. La aportación se calculará según los gastos de funcionamiento de la ANIFI, con un tope máximo de 1,5 millones de euros anuales por sujeto.
¿Qué pasa con el FROB?
Al transformarse jurídicamente en la ANIFI, el FROB abandona sus actuales funciones ejecutivas de resolución de bancos y empresas de servicios de inversión. Estas competencias pasarán a manos del Banco de España y la CNMV, respectivamente. La lógica del Gobierno es agrupar las fases preventiva y ejecutiva de una posible resolución bajo el mismo techo supervisor para evitar duplicidades e ineficiencias.
¿Y las participaciones en Caixabank?
El anteproyecto establece que BFA Tenedora de Acciones, la sociedad a través de la cual el Estado gestiona su participación en CaixaBank, dejará de depender del FROB para quedar adscrita directamente al Ministerio de Economía. Esta misma sociedad asumirá también la titularidad de las acciones de la Sareb, reordenando así la gestión del patrimonio estatal heredado de la crisis financiera.
Fútbol bajo control
Los agentes de fútbol pasan a estar expresamente incluidos en el radar antiblanqueo, al igual que los clubes de fútbol en sus operaciones con inversores, patrocinadores y de traspasos de jugadores. Es decir, no se someterá la actividad cotidiana del club al régimen antiblanqueo, sino exclusivamente aquellos flujos económicos considerados sensibles.
Quién está detrás de una empresa
Las sociedades y estructuras jurídicas equivalentes estarán obligadas a mantener información adecuada, exacta y permanentemente actualizada sobre quién ejerce su control real. En este ecosistema, el Registro Central de Titularidades Reales asume mayor capacidad de control, inspección y sanción. El texto también regula el acceso a esta información sensible, fijando una tasa de 2 euros por consulta, reducida a 1 euro si el acceso es automatizado "máquina a máquina”.
Nuevas prohibiciones y exigencia de idoneidad
Cualquier persona condenada por blanqueo, financiación del terrorismo u otros delitos subyacentes concretos tendrá prohibido ejercer actividades de sujeto obligado y no podrá ocupar cargos de dirección o administración hasta que no hayan transcurrido los plazos de cancelación de antecedentes penales recogidos en el artículo 136 del Código Penal. Y si la condena llega cuando la persona ya ejerce el cargo, el cese será automático.
Esta restricción sube también a la propiedad: las sociedades deberán garantizar que las personas condenadas no puedan ejercer, ni directa ni indirectamente, más del 25% de los derechos de voto o el control de la compañía.
El anteproyecto exige que todos los sujetos obligados, desde grandes bancos hasta profesionales independientes, se identifiquen formalmente designando un representante ante la ANIFI. El objetivo es crear, por primera vez, un verdadero censo con un punto de contacto claro para cada obligado.
Reforma técnica sobre colchones bancarios
El anteproyecto incorpora la Directiva europea conocida como Daisy Chains II, que modifica el tratamiento del requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL) dentro de determinados grupos bancarios.
Busca simplificar determinadas obligaciones dentro de estructuras de grupos y adaptar la normativa española al nuevo marco europeo.