DEMÓCRATA ha tenido acceso al informe y pone la lupa sobre las tres páginas de conclusiones del informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) sobre la entrada masiva registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio. El documento, remitido a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, dibuja un episodio muy diferente al de una crisis migratoria convencional.
El análisis policial sostiene que no se trató de un acontecimiento incidental, ocasional o espontáneo. Las conclusiones describen un proceso dividido en varias fases, preparado con antelación y ejecutado mediante una combinación de mensajes virales, movimientos coordinados, facilitación de rutas y una actuación sobre el terreno que incluyó, según el informe, el “guiado activo” de personas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos.
El informe no identifica expresamente a la persona o autoridad que habría diseñado la operación. Tampoco establece una cadena de mando política. Sí concluye, sin embargo, que existieron una “autoría intelectual anterior” y otra “material simultánea”, y que la especialización observada estaba fuera del alcance de las organizaciones criminales conocidas por la Policía española en la zona.
Estas son las principales conclusiones del informe de Ceuta consultado por Demócrata.
No fue un episodio incidental ni espontáneo
La primera conclusión del CENIF es que la entrada masiva debe analizarse como un proceso completo, con una fase anterior, otra simultánea a los hechos y una tercera posterior cuyos efectos todavía permanecen.
“No se trata de algo incidental cuya generación pueda asociarse a un factor ocasional o espontáneo”, señala el documento al que ha accedido Demócrata.
Los investigadores comparan lo sucedido con otros episodios registrados en Ceuta durante 2021 y 2024. La experiencia obtenida en aquellos acontecimientos habría permitido perfeccionar el procedimiento y dotar a la operación de 2026 de una mayor complejidad.
El lugar escogido, las zonas concretas de acceso, las horas en las que se activaron las distintas fases y los perfiles de las personas que participaron son considerados por la Policía elementos que, al producirse de manera concertada, revelan la existencia de una planificación previa.
La finalidad migratoria fue una “cobertura formal”
Una de las conclusiones centrales del informe es que el objetivo real no habría sido exclusivamente migratorio. El documento sostiene que la migración funcionó como una “cobertura formal” utilizada para impulsar, dirigir y concentrar un flujo masivo de personas sobre la frontera de Ceuta.
Los investigadores destacan que solo alrededor del 10% de las personas que entraron irregularmente permanecía en territorio español. La inmensa mayoría regresó posteriormente a Marruecos, una circunstancia que, para el CENIF, cuestiona que el propósito principal fuera instalarse en España.
El informe también menciona una segunda convocatoria difundida para el 15 de agosto. Según sus conclusiones, aquella llamada fue controlada completamente por la estructura de seguridad marroquí, a diferencia de lo sucedido durante las más de 48 horas en las que se produjo la entrada masiva de finales de julio.
El documento añade que los mensajes aparecidos después, incluidos algunos difundidos “a nivel oficial”, incorporaron argumentos relacionados con las reivindicaciones territoriales marroquíes y con el cuestionamiento de la soberanía española sobre Ceuta y Melilla.
Planificación previa y una autoría intelectual
Las conclusiones del informe al que ha tenido acceso DEMÓCRATA sostienen que el desarrollo de los hechos exigió una planificación anterior. Esa preparación lleva a los investigadores a hablar de dos niveles de autoría: una “intelectual”, previa a los acontecimientos, y otra “material”, encargada de realizar labores simultáneas de seguimiento y control.
Según el CENIF, estas funciones irían mucho más allá de la actuación de las personas que cruzaron irregularmente la frontera.
La elección de Ceuta como centro de gravedad, la determinación de los puntos de acceso, la coincidencia de las franjas horarias y la modificación progresiva de los perfiles empleados revelarían que el movimiento no se produjo de forma desordenada.
El informe no pone nombre a esa autoría intelectual ni atribuye formalmente la planificación al Gobierno de Marruecos. Sí presenta una sucesión de elementos que, en opinión de los investigadores, no pueden explicarse mediante una suma de decisiones individuales y espontáneas.
Una dirección estratégica en redes y sistemas de mensajería
El informe detecta también una “dirección estratégica y operacional” desarrollada mediante procedimientos definidos para cada fase del proceso.
Entre los instrumentos utilizados aparecen la difusión y viralización de mensajes, la activación y desactivación de perfiles en redes sociales y el empleo de sistemas de mensajería. A ello se habría sumado una estrategia de desinformación construida alrededor de asuntos reales, como las resoluciones judiciales sobre las devoluciones, la regularización extraordinaria o la supuesta ausencia de vigilancia fronteriza.
El objetivo habría sido revestir las convocatorias de credibilidad y movilizar a miles de personas hacia un lugar y unas franjas horarias concretas.
Para los investigadores, esta combinación de propaganda, desinformación, logística y control sobre el terreno demuestra que se trató de un “proceso predefinido con objetivos diferentes de los migratorios”.
El “guiado activo” de las fuerzas marroquíes
El punto más comprometedor para Marruecos aparece cuando el informe analiza lo sucedido al otro lado de la frontera.
El CENIF menciona la facilitación generalizada de rutas y desplazamientos para reunir a las personas en puntos concretos y a horas determinadas. También señala una “gestión favorecedora” que habría funcionado tanto durante la entrada en Ceuta como durante el regreso posterior a territorio marroquí.
Esa gestión se habría manifestado de dos maneras: mediante la escasa presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos y mediante el “guiado activo” de la masa hacia los lugares de paso por parte de esos mismos efectivos.
El informe al que ha accedido DEMÓCRATA no dice expresamente que las autoridades marroquíes planificaran o ejecutaran toda la operación. Sí atribuye a sus fuerzas de seguridad comportamientos concretos que habrían facilitado los movimientos hacia la frontera española.
Una capacidad fuera del alcance de las mafias
La Policía descarta que una organización criminal dedicada al tráfico de personas pudiera disponer por sí sola de los recursos necesarios para desarrollar una acción de estas características.
Las tareas de especialización, coordinación, logística, comunicación y control observadas durante el proceso no estarían, según las conclusiones, al alcance de ninguna estructura criminal conocida por las autoridades españolas en la zona.
El documento considera que las pequeñas redes que operan habitualmente en Marruecos carecen de capacidad para movilizar a miles de personas, controlar los tiempos de ejecución, modificar los perfiles de los participantes y coordinar simultáneamente los movimientos de entrada y salida.
Esta conclusión no permite identificar automáticamente a un responsable estatal, pero desplaza la investigación más allá de la hipótesis de las mafias de inmigración.
La táctica: colapsar primero y neutralizar después
Las conclusiones describen una operación táctica desarrollada en dos grandes momentos.
En la primera fase, el objetivo habría sido provocar el colapso del sistema de gestión fronteriza en un punto concreto. Para lograrlo, se habría obligado a España a desviar efectivos hacia los rescates marítimos, saturar los sistemas de acogida y contención y retirar recursos destinados habitualmente a vigilar otros tramos de la frontera.
Una vez alcanzado ese nivel de saturación y producida la “apertura de puertas”, habría comenzado la segunda fase: “eliminar la capacidad de respuesta por parte de España”.
El informe destaca que los perfiles fueron cambiando progresivamente. A los participantes de las primeras oleadas se sumaron posteriormente familias, mujeres y menores. La presencia de estos colectivos habría limitado o anulado las posibilidades de actuación de los dispositivos españoles de control fronterizo.
Personas sobre el terreno para controlar la operación
El CENIF considera que una movilización de esta magnitud necesitaba mecanismos de supervisión sobre el terreno.
El informe identifica a individuos cuyo comportamiento, actitud y actuación eran diferentes a los de las personas que entraban y salían irregularmente de Ceuta. Su presencia sería compatible, según los investigadores, con funciones de organización, coordinación y seguimiento de las distintas fases.
El documento no revela en sus conclusiones la identidad de estas personas ni concreta a qué estructura pertenecerían. Sí sostiene que el proceso necesitó un nivel de monitorización directa para comprobar su evolución y adaptar los movimientos a la respuesta española.
Desestabilización interna y deterioro de la imagen de España
La Policía enumera consecuencias que van mucho más allá de la presión migratoria.
En el plano institucional, el episodio provocó la saturación de las capacidades de prevención, contención, asistencia y respuesta, además de un importante impacto económico y organizativo.
En la sociedad civil, el informe menciona limitaciones en el ejercicio de derechos, agitación sociopolítica, difusión de desinformación, deterioro de la confianza en las instituciones, problemas de seguridad ciudadana y presión sobre el sistema sanitario.
En el ámbito internacional, la crisis habría contribuido a deteriorar la imagen de España y a proyectar dudas sobre su capacidad para controlar y proteger sus propias fronteras.
El CENIF también aprecia una “evidente desestabilización política interna” y fallos de coordinación e integración entre las estructuras estatales encargadas de responder a la crisis.
La alerta sobre el CNI: una operación de contrainteligencia “de manual”
La última conclusión introduce una advertencia especialmente grave sobre el Centro Nacional de Inteligencia.
El documento señala que uno de los efectos del episodio ha sido el cuestionamiento público de la capacidad del CNI para anticipar y detectar lo ocurrido. La escalada de esa polémica es calificada por los investigadores como una “acción de contrainteligencia ofensiva de manual”.
El matiz es relevante: el informe no afirma en sus conclusiones que toda la entrada masiva fuera directamente una operación de contrainteligencia ni atribuye expresamente esa actuación a Marruecos. Lo que identifica como tal es la utilización posterior de la crisis para erosionar la credibilidad del servicio de inteligencia español.
Las tres páginas de conclusiones dibujan, en definitiva, una operación planificada, ejecutada en fases y orientada a desbordar la capacidad de respuesta española. El documento no identifica formalmente a su autor intelectual, pero descarta la espontaneidad, aleja la responsabilidad de las mafias y señala actuaciones concretas de las fuerzas de seguridad marroquíes, incluido el “guiado activo” de personas hacia los puntos de entrada.