El Real Decreto-ley de medidas urgentes de carácter social y económico en favor de la ciudad de Ceuta, aprobado este martes por el Consejo de Ministros, entrará en vigor mañana tras su publicación este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El plan diseñado por el Ejecutivo para reactivar la economía ceutí tras la llegada masiva de inmigrantes a finales de julio moviliza 309 millones de euros, a los que se suman 50 millones adicionales en avales, durante lo que resta de 2026. El objetivo es sostener los servicios esenciales, reforzar la seguridad, la acogida de menores y la atención humanitaria, así como respaldar a empresas y trabajadores.
El montante global se reparte en diferentes bloques, siendo el principal el destinado a acogida de menores y atención humanitaria, dotado con 118 millones de euros.
Asimismo, la seguridad contará con un refuerzo específico de 90 millones de euros y se consignan 80 millones de euros para ayudas directas y otros instrumentos de apoyo al tejido productivo y al empleo. Por su parte, los servicios esenciales, entre ellos sanidad, educación, Justicia o el suministro de agua, recibirán 21 millones de euros. En conjunto, esta inyección equivale al 16% del PIB de Ceuta en apenas cuatro meses.
Apoyo directo al tejido empresarial
En el capítulo de respaldo a las empresas, el paquete de 80 millones incluye un fondo de ayudas directas de 36,6 millones de euros, que gestionará la Agencia Tributaria, con el fin de llegar a los 2.500 autónomos y 1.500 empresas de la ciudad.
De este modo, los autónomos percibirán 5.000 euros, mientras que las compañías podrán optar a subvenciones de entre 1.000 y 150.000 euros, según su volumen de facturación. Las solicitudes podrán tramitarse desde el 14 de septiembre a través de la página web de la Agencia Tributaria, y el Gobierno prevé que los primeros pagos se efectúen a comienzos de octubre.
A estos 36,6 millones se añadirán otros 14 millones de euros dirigidos al pequeño comercio y al sector turístico, que se articularán mediante la Cámara de Comercio. La finalidad es reactivar estas dos ramas de actividad, "gravemente afectados" por la crisis.
Entre las iniciativas previstas figuran bonos al consumo y descuentos para abaratar el transporte a los no residentes y favorecer así la llegada de visitantes a la ciudad.
Además, se reserva un millón de euros para el “Plan Ceuta Exporta”, que impulsará el Icex, y otro millón para una campaña de promoción internacional de Ceuta como destino vacacional.
Paralelamente, el Gobierno pondrá en marcha una línea de avales del ICO de hasta 50 millones de euros con la finalidad de que "siga fluyendo y en buenas condiciones" el crédito y la financiación a las empresas.
Impulso turístico y recuperación de imagen
El decreto también incorpora medidas específicas para la proyección exterior de Ceuta como destino turístico. A través del Instituto de Turismo de España (Turespaña), se desarrollará un plan extraordinario de promoción y recuperación de la imagen de la ciudad, orientado a mercados internacionales seleccionados.
Este programa incluirá actuaciones concretas en la red de oficinas de turismo en el extranjero, campañas en mercados emisores internacionales y viajes de prensa y de familiarización con turoperadores y agentes, con especial atención a los mercados prioritarios para Ceuta.
ERTE, protección a autónomos y bonificaciones
En el ámbito laboral, el Ejecutivo contempla una exención del 100% de las cuotas a la Seguridad Social para las empresas que hayan visto interrumpida su actividad y se acojan a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), así como prestaciones extraordinarias por cese de actividad para los autónomos y la posibilidad de aplazar pagos a la Seguridad Social con un interés del 0,5%.
En concreto, se regula una prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos con domicilio de residencia o actividad en Ceuta, cuya actividad hubiese cesado total o parcialmente, ya sea de manera temporal o definitiva, a raíz de la reducción de la demanda y de la alteración de la actividad provocadas por la entrada masiva e irregular de inmigrantes, aunque vinculada a la reducción de los ingresos mensuales.
La duración máxima de esta ayuda será de cuatro meses, periodo en el que se prevé que se sigan notando con mayor intensidad los efectos económicos.
En relación con los ERTE, se establece un régimen específico de fuerza mayor vigente hasta el 31 de diciembre de este año, que amplía su aplicación a suspensiones totales o parciales de la actividad y reducciones de jornada que guarden relación directa o indirecta con la situación de Ceuta.
Las empresas de la ciudad autónoma afectadas por estos expedientes podrán beneficiarse de una exención del 100% de la aportación empresarial a la Seguridad Social, tanto por contingencias comunes como profesionales y demás conceptos de recaudación conjunta, respecto de las cuotas de septiembre a diciembre de 2026 de los trabajadores y periodos sujetos a suspensión o reducción de jornada.
Igualmente, la norma eleva del 50% al 75%, con carácter permanente, la bonificación de las cuotas empresariales de los trabajadores con contratos indefinidos o de sustitución por incapacidad temporal que presten servicio en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Se suman además nuevos sectores beneficiarios, como la construcción. El coste presupuestario de estas bonificaciones asciende a 36,6 millones de euros anuales por cada una de las dos ciudades.
Al mismo tiempo, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) destinará 650.000 euros en subvenciones para financiar programas formativos de ámbito territorial en Ceuta dirigidos principalmente a trabajadores ocupados.
Ventajas fiscales y apoyo al puerto
Junto a los incentivos a la contratación, el decreto introduce otras medidas de carácter estructural, como el incremento del 50% al 60% de la bonificación en el Impuesto sobre Sociedades para entidades residentes y la mejora de las posibilidades de deducción de determinados gastos para los autónomos, entre ellos los de "difícil justificación".
Ambas medidas se aplicarán también a Melilla, con importes prácticamente equivalentes, lo que supondrá un respaldo adicional de unos 100 millones de euros anuales para el empresariado de las dos ciudades autónomas.
Asimismo, el Real Decreto-ley incluye actuaciones de apoyo al puerto de Ceuta por importe de 4,25 millones de euros anuales durante cinco años, entre 2027 y 2031.
Refuerzo de servicios esenciales y seguridad
En el terreno de los servicios básicos, el plan prevé el refuerzo de los recursos sanitarios con la incorporación de 100 nuevos profesionales del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) para atención primaria y hospitalaria, con una inversión de 3,5 millones de euros.
También se dedicarán 3,2 millones a reforzar la seguridad en los centros educativos y a desarrollar actuaciones de acompañamiento psicosocial para toda la comunidad escolar, mientras que otros 4,5 millones se orientarán a incrementar el número de jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios, así como a financiar la asistencia jurídica gratuita en Ceuta.
El paquete contempla, además, una subvención de 2 millones de euros para la ciudad de Ceuta, que se suma a los más de 7 millones ya aprobados para la planta desalinizadora.
En materia de seguridad, los 90 millones de euros previstos incluyen un incentivo al rendimiento de carácter excepcional de 7,1 millones de euros para la Policía Nacional y de 8 millones para la Guardia Civil. Los 74 millones restantes se destinarán al refuerzo del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas.