El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, defendió este miércoles en el Parlamento de Galicia la apuesta del Gobierno autonómico por el “mantenimiento y la actualización constante” del servicio de asistencia jurídica gratuita en la comunidad.
Calvo respondió así a una pregunta de la diputada del PSdeG Paloma Castro durante el pleno, en la que la parlamentaria sostuvo que la tramitación de los presupuestos de la Xunta para 2027 supone una ocasión para reforzar las partidas destinadas a sufragar este servicio y reclamó, además, que el Ejecutivo se siente a “negociar de verdad” con los profesionales implicados.
En su intervención, el titular de Presidencia subrayó que la dotación destinada al turno de oficio alcanza este año los 18,5 millones de euros, lo que implica un aumento cercano al 20% respecto a 2025.
Asimismo, precisó que las cuentas recogen el compromiso de asumir los gastos de funcionamiento e infraestructura derivados de la prestación del servicio por parte de los profesionales de la abogacía y de la procuraduría a año vencido, con 1,2 millones transferidos en este ejercicio. Esta cantidad representa el 8% del importe total certificado en 2025 en concepto de asistencia jurídica gratuita.
En este contexto, el conselleiro remarcó la intención de situar a Galicia entre las primeras comunidades del Estado en materia de compensación económica a estos profesionales y de convertirse en referente en asistencia jurídica gratuita, apoyándose en la voluntad de diálogo que la Xunta mantiene con la abogacía y la procuraduría.
Calvo recordó que a comienzos de año ya se hicieron públicas las cuantías correspondientes al cuarto trimestre de 2025 y a los tres primeros trimestres de 2026, destinadas a compensar a los colegios de la abogacía y de la procuraduría de Galicia por las actuaciones de sus colegiados en el turno de oficio.
El conselleiro detalló que, en el caso del Consello Galego dos Procuradores, ya se cerró el acuerdo que fija el baremo de compensación económica, vigente desde octubre de 2025 hasta septiembre de 2027, resultado del diálogo institucional y de la voluntad de negociación para dotar al colectivo y al servicio de un marco estable.
En relación con el Consello da Avogacía Galega, explicó que las conversaciones sobre el nuevo baremo continúan abiertas con el objetivo de alcanzar una propuesta consensuada. De esta forma, señaló que se asegura la continuidad del servicio y de las compensaciones económicas mientras se define el nuevo marco para los próximos años.
El responsable autonómico indicó que la Xunta está analizando la última propuesta remitida por el colectivo, relativa a la actualización de los baremos y a la incorporación de nuevos conceptos retributivos, y recordó que el acuerdo actualmente en vigor ya introdujo mejoras y conceptos adicionales.
En esta línea, Diego Calvo apuntó que la revisión no debe limitarse a una subida homogénea de los baremos, sino que ha de responder a las necesidades más prioritarias y sensibles del sistema.
Dentro del diálogo con los profesionales de la abogacía, y al margen de la negociación de este convenio, la Xunta avanzó que prevé firmar otro acuerdo con el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña para poner en marcha un programa experimental de medios adecuados de solución de controversias en asuntos civiles y mercantiles, vinculado a la asistencia jurídica gratuita.
Con esta iniciativa se pretende facilitar el acceso a servicios de negociación que impulsen la resolución extrajudicial de conflictos.
Del mismo modo, el conselleiro anunció que en breve se suscribirán convenios entre la Xunta —a través de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes y la Consellería de Política Social— y tanto el Consello da Avogacía Galega como el Consello Galego dos Procuradores dos Tribunais, dotados con 40.000 euros cada uno. Estos acuerdos permitirán desarrollar acciones de formación especializada dirigidas a profesionales de la abogacía y la procuraduría sobre la atención a mujeres y menores víctimas de violencia de género, en el marco del Pacto de Estado contra la violencia de género.