La volatilidad ha regresado con fuerza al mercado eléctrico europeo. En las últimas semanas, consumidores y empresas han vuelto a observar movimientos bruscos en el precio de la electricidad, alimentando la preocupación sobre el impacto que esta situación puede tener en las economías domésticas y en la competitividad empresarial.
Sin embargo, conviene empezar trasladando un mensaje de tranquilidad: España mantiene un sistema eléctrico sólido, diversificado y con capacidad suficiente para garantizar el suministro. La situación actual no responde a la escasez de suministro, sino a un entorno internacional marcado por una elevada incertidumbre geopolítica y financiera que está tensionando nuevamente a los mercados energéticos europeos.
Cómo se forma el precio de la electricidad
El mercado eléctrico europeo se basa en un sistema marginalista. Esto significa que todas las tecnologías de generación cobran el precio ofertado por la última central necesaria para cubrir la demanda en cada hora.
En la práctica, aunque España cuenta con una creciente producción renovable, el gas natural sigue siendo determinante en la formación del precio de la electricidad a nivel europeo. Cuando el precio en los mercados de gas aumenta, el impacto termina trasladándose al mercado mayorista de electricidad y, posteriormente, a la factura energética.
Este mecanismo explica por qué incluso en jornadas con elevada generación renovable pueden producirse repuntes significativos en el precio de la electricidad. El consumidor percibe una única cifra final, pero detrás de ella conviven múltiples componentes: el coste de producción de electricidad en el mercado mayorista, los peajes por el uso de la red eléctrica, los cargos del sistema, el suministro a los territorios no peninsulares, el déficit de tarifa, o el coste de interrumpibilidad de la demanda. A todo ello hay que sumarle la partida destinada a garantizar la estabilidad técnica de la red (servicios de ajuste) y los impuestos (IVA e Impuesto Especial a la Electricidad).
El conflicto en Irán y su impacto sobre Europa
La escalada del conflicto en Irán ha vuelto a colocar a Oriente Medio en el centro de los mercados energéticos internacionales. Aunque España dispone de una posición diversificada en materia de aprovisionamiento gasista, Europa continúa siendo muy sensible a cualquier amenaza que afecte al comercio internacional de gas y petróleo.
Los mercados reaccionan de manera inmediata ante cualquier riesgo geopolítico que pueda alterar las rutas energéticas internacionales o comprometer la estabilidad del suministro global. No se trata únicamente de interrupciones físicas del suministro. La propia incertidumbre dispara la volatilidad de los mercados de futuros, encarece las coberturas financieras y dificulta enormemente la previsión de costes para comercializadoras, industrias y consumidores.
El resultado es un entorno energético mucho más incierto, donde las variaciones de precio responden cada vez más a factores geopolíticos y financieros internacionales y menos a los factores fundamentales que determinan la oferta y la demanda.
Los servicios de ajuste
Más allá del mercado mayorista existe otro componente menos conocido para el consumidor medio: los servicios de ajuste. Estos mercados, que operan de forma posterior a la fijación diaria del precio mayorista, son imprescindibles para garantizar el suministro eléctrico asegurando un equilibrio instantáneo entre generación y consumo.
Históricamente, estos mercados suponían un coste técnico residual. Integrados por las restricciones técnicas, la banda secundaria o la regulación terciaria su coste total se ha visto incrementado de forma inversamente proporcional a la cuota de generación renovable.
El apagón sucedido el 28 de abril marcó a su vez un antes y un después, convirtiéndose en un coste estructural. Los costes de las restricciones técnicas —la partida más voluminosa dentro de los servicios de ajuste— han crecido un 63% en un solo año, cerrando 2025 en 3.812 millones de euros frente a los 2.523 millones del ejercicio anterior según datos oficiales de Red Eléctrica. Atendiendo a la información del observatorio del coste de los servicios de operación, en lo que llevamos de 2026, ya hemos alcanzado 3570 millones de euros en gasto. Con ello, el gasto anual en servicios de ajuste es de 21,80 €/MWh comparable al importe total de los peajes de transporte y distribución que abona el consumidor final (20-25 €/MWh).
Para las comercializadoras y grandes consumidores industriales, esta realidad introduce una dificultad operativa de primer orden. Una parte creciente del coste final de suministro se materializa en los mercados de ajuste, con nula posibilidad de cobertura mediante instrumentos financieros. El resultado es una estructura de costes no gestionables donde el precio ya ha sido negociado y comprometido con el cliente final.
La operación reforzada y el problema de la imprevisibilidad
Especial preocupación genera el impacto económico de la denominada operación reforzada del sistema eléctrico. La seguridad del suministro debe ser siempre prioritaria, y resulta lógico que el operador adopte medidas extraordinarias. Sin embargo, el debate no gira en torno a la legitimidad de estas actuaciones sino a su previsibilidad y encaje normativo.
El problema de la operación reforzada es que traslada un coste adicional del sistema al consumidor final, sin que este tenga capacidad para modificar su comportamiento ni exista una señal de precio que permita anticiparlo. En el caso de un comercializador que ha cerrado contratos a precio fijo durante 12 meses, este tipo de costes introduce una distorsión importante, ya que obliga a asumir un sobrecoste que no podía incorporarse en el momento de fijar el precio y dificulta ofrecer al cliente la estabilidad y previsibilidad que precisamente busca este tipo de contrato.
A ello se añade que, hasta la fecha, la operación reforzada carece de un encaje normativo explícito, no existe un horizonte temporal definido para su finalización ni criterios objetivos públicamente conocidos que determinen cuándo dejará de aplicarse. El sector ha reclamado en reiteradas ocasiones que se establezca un precio regulado para estos costes, siguiendo los modelos de otros países europeos.
La transición energética exige un sistema eléctrico cada vez más flexible y complejo que no comprometa la seguridad del suministro. La flexibilidad del sistema debe ir acompañada de una madurez regulatoria: reglas transparentes, señales económicas y mecanismos de supervisión que permitan a todos los agentes del mercado trasladar certidumbre al consumidor final. La confianza en el sistema energético no se construye solo garantizando que las luces no se apaguen, sino también asegurando que el coste de mantenerlas encendidas sea comprensible y justo.
Regulación, habilitación y demanda
La transición energética exige un sistema eléctrico más flexible y complejo, pero esa complejidad debe ir acompañada de madurez regulatoria. Identificamos tres líneas de actuación prioritarias:
1. Precio regulado para los servicios de ajuste. Establecer un mecanismo de retribución transparente y predecible para los costes de los servicios de ajuste —siguiendo modelos como el alemán o el francés— permitiría a los agentes del mercado gestionar y cubrir este riesgo. La imprevisibilidad actual desincentiva la contratación a plazo y traslada incertidumbre al consumidor final.
2. Desbloquear el potencial renovable para el control de tensión. A finales de abril de 2026, el sistema solo aprovechaba 13,6 GW de los 63 GW de potencial renovable habilitables para prestar el servicio de control de tensión en modalidad dinámica: menos del 22% del recurso disponible. La propuesta de modificación del PO 7.4 en tramitación en la CNMC apunta en la dirección correcta, pero la velocidad de habilitación de nuevas instalaciones sigue siendo el cuello de botella. Mientras no se acelere, el sistema seguirá dependiendo del gas e hidráulica para garantizar la estabilidad de tensión.
3. Impulso a la demanda y al almacenamiento para corregir la sobreoferta estructural. El exceso de capacidad de generación frente a la demanda no es un problema que se resuelva solo. Se necesita eliminar barreras regulatorias que dificultan la electrificación industrial, facilitar el acceso de nuevos grandes consumidores (centros de datos, hidrógeno verde, industria electrointensiva), potenciar el almacenamiento detrás del contador mediante incentivos fiscales que permitan aprovechar el parque de autoconsumo existente y que pueda aportar flexibilidad de forma agregada al sistema.Sin una demanda que absorba la generación disponible, los costes de los servicios de ajuste seguirán creciendo.
El consumidor sí tiene herramientas para protegerse
Pese al actual entorno de volatilidad, los consumidores no están desprotegidos. Existen diferentes modalidades de contratación que permiten adaptar el nivel de exposición al mercado según las necesidades de cada hogar o empresa.
Las tarifas indexadas permiten beneficiarse de las bajadas del mercado cuando estas se producen, aunque también trasladan de forma más directa los episodios de volatilidad. Frente a ello, los contratos a precio fijo ofrecen una mayor estabilidad y permiten aislar parcialmente al consumidor de fluctuaciones extraordinarias como las que estamos viendo actualmente.
Ambas modalidades son válidas y cumplen funciones distintas dentro del mercado energético. Lo importante es que el consumidor disponga de información clara, transparencia y capacidad de elección para decidir qué modelo se adapta mejor a su perfil y tolerancia al riesgo.
La transición energética necesita estabilidad
España dispone de una oportunidad histórica para consolidar un sistema energético más renovable, competitivo e independiente del exterior. La electrificación y el desarrollo renovable permitirán reducir progresivamente la exposición estructural a los combustibles fósiles y a la volatilidad internacional.
Pero esa transformación no puede construirse únicamente sobre objetivos de capacidad instalada. También requiere preservar la estabilidad económica y la confianza de consumidores y empresas.
La seguridad del sistema es imprescindible. Pero también lo son la transparencia regulatoria, la previsibilidad de costes y la capacidad de ofrecer certidumbre en un entorno energético cada vez más complejo. Porque la electricidad no puede convertirse permanentemente en una fuente de incertidumbre para hogares y empresas.
sobre la firma:
Andrés Gil Blanco es Head of Procurement and Market Risk, Octopus Energy España