El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) advirtió este jueves de que la reciente absolución del empresario Yorgen Fenech, señalado como cerebro del asesinato de la reportera Daphne Caruana Galizia mediante un coche bomba en 2017, marca un preocupante “precedente” para Europa.
“El veredicto de ayer significa que, casi nueve años después de que el asesinato de Daphne Caruana Galizia conmocionara a Europa, Malta todavía no ha condenado a la persona que orquestó el crimen. Es una situación desgarradora para su familia, que ha luchado incansablemente por obtener justicia”, ha lamentado el subdirector de incidencias del CPJ, Tom Gibson, en un comunicado.
El responsable del CPJ calificó como “devastador para todos los periodistas” el fallo del jurado, que exoneró a Fenech de los cargos de complicidad y conspiración, recordando que el periodismo tiene como misión “exigir responsabilidades a los poderosos, tanto en Malta como en todo el continente”.
En la misma línea, cuestionó al Estado maltés por sus “promesas” en materia de protección de periodistas y cumplimiento de la ley, subrayando que Malta “no ha cumplido con la mayoría de ellas”. “Eso es inaceptable. Seguiremos haciendo campaña en pro de la reforma y apoyando a la familia de Daphne Caruana Galizia hasta que se haga justicia”, ha argüido.
El CPJ también se hizo eco del mensaje difundido por los familiares de la periodista tras conocerse la decisión del jurado. “Durante el juicio de Fenech, que ha durado meses, hemos oído hablar a muchas personas, pero nunca volveremos a ver ni a oír a Daphne. La rendición de cuentas ya es necesaria para todos aquellos que permitieron, facilitaron o protegieron a sus asesinos”, sentenció la familia en redes sociales.
SOBRE EL CASO
Los allegados de Caruana Galizia recurrieron a la Justicia para apartar del procedimiento a Silvio Valletta, excomisionado adjunto de la Policía de Malta y esposo de Justyne Caruana, entonces ministra del Gobierno laborista, al considerar que no era imparcial. Se hizo público que mantenía una relación cercana con Fenech, hasta el punto de viajar con él al extranjero mientras dirigía la investigación.
A esa falta de independencia se añadieron supuestas irregularidades en el manejo de las pruebas y continuas filtraciones de datos reservados sobre el avance de las pesquisas, lo que permitió a los implicados anticiparse durante años a los movimientos de las autoridades.
Las investigaciones apuntan a que el empresario habría pagado en torno a 150.000 euros a los sicarios para ejecutar el atentado. Meses antes de ser asesinada, la periodista había destapado la existencia de una sociedad opaca radicada en Emiratos Árabes Unidos, denominada 17 Black y vinculada a Fenech, usada presuntamente para canalizar comisiones ilegales hacia altos cargos del Ejecutivo maltés.
Otras dos personas, Robert Agius, alias 'Ta Maksar', y su socio Jamie Vella, fueron hallados culpables en junio de 2025 por proporcionar el explosivo utilizado en el ataque. En 2022, los hermanos George y Alfred Degiorgio aceptaron penas de 40 años de cárcel tras reconocer que colocaron y detonaron la bomba, mientras que un tercer implicado, Vince Muscat, recibió 15 años tras confesar y aportar detalles clave sobre el crimen.
Caruana Galizia perdió la vida el 16 de octubre de 2017, a los 53 años, cuando un artefacto estalló en su vehículo frente a su casa en Bidnija. En aquel momento trabajaba en una investigación relacionada con los Papeles de Panamá y con supuestos sobornos canalizados desde 17 Black hacia empresas pantalla controladas en Panamá por el jefe de gabinete del ex primer ministro Joseph Muscat, Keith Schembri, y por el entonces ministro de Turismo, Konrad Mizzi.
Fenech, que había sido máximo responsable del Grupo Tumas y formaba parte del consejo de la empresa ElectroGas Malta, fue arrestado en noviembre de 2019 mientras navegaba en su yate tras salir de un puerto deportivo maltés. La acusación se sustentaba en el testimonio de su chófer, Melvin Theuma, quien admitió haber actuado como intermediario en el asesinato y obtuvo un indulto a cambio de colaborar.
La detención del magnate, unida a las sospechas de implicación de altos cargos del Gobierno, desató en diciembre de 2019 una ola de protestas en todo el país que acorraló políticamente al entonces primer ministro Joseph Muscat. La periodista también había revelado que la esposa del 'premier' era titular de una sociedad en Panamá llamada Egrant.