La Asamblea Nacional de Nicaragua ha dado este martes un primer paso decisivo al aprobar, de forma “unánime” y en la primera de las dos legislaturas requeridas, una reforma parcial de la Constitución que impide concurrir a los comicios a quienes sean considerados “traidores a la patria” o “golpistas”, al tiempo que extiende el mandato presidencial de seis a siete años.
“Se aprueba en forma unánime en lo general (la reforma)”, proclamó el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, según informa el diario ‘La Prensa’. El medio precisa que la modificación de la Carta Magna nicaragüense solo entrará en vigor cuando reciba el visto bueno definitivo en una segunda legislatura prevista para 2027.
El texto sometido a votación, leído en el pleno por los diputados, otorga al Consejo Supremo Electoral la facultad de retirar la personería jurídica a los partidos políticos que reciban financiación de Estados Unidos y, de forma paralela, excluye de cualquier proceso electoral a los “traidores a la patria” o “golpistas”.
Asimismo, la propuesta fija la ampliación del periodo presidencial de seis a siete años, ampliable para los cargos de copresidentes, los puestos de elección popular, las jefaturas del Ejército y de la Policía, así como para aquellos de designación ejecutiva y legislativa.
Este movimiento para afianzar la reforma constitucional llega pocos meses después de que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, manifestara que “no volverá a haber elecciones en el país”, que encabeza de forma ininterrumpida desde 2007, y adelantara la aprobación de futuras “leyes” destinadas a blindar su propósito de impedir nuevos comicios.
“Ya quisieron ellos (la oposición) agazapados, ya quisieran ellos ganar elecciones para hacer reales con las escuelas. Que se olviden, aquí no volverá a haber elecciones”, afirmó Ortega, que gobierna junto a su esposa, Rosario Murillo, durante la conmemoración del 47.º aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista, celebrada el pasado mes de julio.
En ese mismo acto, el dirigente sandinista aseguró que su Gobierno trabajaría “con las asambleas nacionales y con las organizaciones correspondientes” para impulsar leyes que levantaran “un muro, un bloque a los golpistas, a los vendepatrias”, en referencia a la oposición, de modo que “por mucha plata que les den los yanquis” no puedan acceder al Ejecutivo nicaragüense.
El exguerrillero y secretario general del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que encabezó el derrocamiento de la dictadura de la familia Somoza e irrumpió en el poder en 1979 siguiendo la estela de la guerrilla cubana, se mantiene al frente del país desde su retorno a la Presidencia en 2007. A sus 80 años, continúa en el Ejecutivo junto a Rosario Murillo, quien ostenta el cargo de copresidenta tras haber ejercido entre 2017 y 2025 como vicepresidenta, figura suprimida tras su ascenso.
El proyecto de reforma ha suscitado fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI). Su directora para las Américas, Ana Piquer, ha advertido de que esta modificación electoral supone un “intento por consolidar un sistema en el que el Estado arbitrariamente decide quién puede ejercer un derecho humano fundamental y quién queda excluido de él por motivos políticos”.
Según AI, la iniciativa se inscribe en un “proceso sostenido de concentración del poder y cierre del espacio cívico que se intensificó desde la represión de las protestas de 2018, en las que, según organizaciones de la sociedad civil y mecanismos regionales y universales de protección de Derechos Humanos, más de 300 personas fueron asesinadas”.
“Lejos de revertir este deterioro, las autoridades han continuado el desmantelamiento del Estado de derecho e ignorando sistemáticamente las recomendaciones formuladas por los mecanismos internacionales de Derechos Humanos”, reprocha la organización, que recuerda como antecedente la reforma constitucional impulsada en el año 2025, la cual “eliminó la separación de poderes y subordinó los órganos legislativo, judicial y electoral a la Presidencia”.