Miles de personas se manifiestan en Ceuta para exigir una "solución excepcional" a la crisis migratoria

A día 2 de septiembre de 2026 no existe una “ley Ceuta” única y cerrada que pueda identificarse como la solución legal excepcional ya aprobada para la crisis migratoria en la ciudad. Lo que hay es un paquete de normas y proyectos en distintas fases —algunas ya en tramitación parlamentaria, otras aún en fase de anteproyecto gubernamental— que, en conjunto, constituyen la respuesta legal extraordinaria al escenario abierto tras la entrada masiva de finales de julio.

1. El eje central: Real Decreto‑ley 2/2025 y su tramitación como ley

El pilar jurídico más avanzado es el Real Decreto‑ley 2/2025, de 18 de marzo, “por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias”. Este decreto‑ley:

• Fue aprobado por el Consejo de Ministros el 18 de marzo de 2025 y publicado en el BOE el 19 de marzo de 2025.
• Fue convalidado por el Congreso, donde además se acordó su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia (expediente 121/000055).

Desde el punto de vista estrictamente parlamentario, ese proyecto de ley está en tramitación en el Congreso: según la información recabada, el plazo de enmiendas se ha ampliado hasta el 9 de septiembre de 2026. Es decir:

• La norma ya tiene rango de decreto‑ley en vigor, aplicable a situaciones de “contingencia migratoria extraordinaria” en territorios como Canarias, Ceuta y Melilla.
• Pero su texto definitivo como ley aún puede modificarse a través de enmiendas y del debate parlamentario posterior (ponencia, comisión, Pleno y posterior paso por el Senado).

Este marco regula, entre otros aspectos, el modelo obligatorio de reparto de menores extranjeros no acompañados cuando se superan ciertos umbrales de saturación, cuestión clave para aliviar la presión en territorios frontera como Ceuta.

2. Reformas estructurales en preparación: Extranjería y Asilo

La crisis de Ceuta ha acelerado además dos reformas de fondo que, aunque no se limitan a la ciudad, se presentan políticamente como parte de la “respuesta excepcional”:

• Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería, aprobado en primera vuelta por el Consejo de Ministros el 25 de agosto de 2026 (referencia oficial). Entre otros elementos, incorpora el procedimiento fronterizo de retorno previsto en el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), con plazos muy breves para devolver a quienes lleguen de forma irregular y no tengan derecho a protección internacional.
• Anteproyecto de nueva Ley de Asilo, también aprobado el 25 de agosto de 2026 (texto gubernamental), destinado a adaptar la normativa española a la Directiva (UE) 2024/1346 sobre acogida de solicitantes de protección internacional.

Ambos textos se encuentran todavía en fase de anteproyecto: deben recabar informes y volver al Consejo de Ministros para remitirse luego a las Cortes como proyectos de ley. Por tanto, no han entrado aún en fase parlamentaria, pero son la base de la futura “solución legal” más amplia sobre migración y fronteras que afectará directamente a Ceuta.

3. Medidas excepcionales específicas sobre Ceuta

Junto a estas reformas, se han aprobado instrumentos específicos centrados en la ciudad:

• La declaración de situación de interés para la seguridad nacional en la ciudad de Ceuta mediante el Real Decreto 681/2026, de 25 de agosto, publicado en el BOE el 26 de agosto de 2026 (BOE), y su modificación posterior por el Real Decreto 706/2026, de 1 de septiembre, publicado el 2 de septiembre de 2026 (BOE).
• El Real Decreto‑ley 22/2026, de 1 de septiembre, “por el que se aprueban medidas urgentes de carácter social y económico de apoyo a la ciudad de Ceuta”, publicado hoy en el BOE (texto íntegro).

Este último decreto‑ley está vigente, pero su estado parlamentario es el de pendiente de convalidación por el Congreso de los Diputados y, en su caso, de decisión sobre si se tramita o no posteriormente como proyecto de ley. Esa votación y eventual tramitación marcarán su encaje definitivo en el ordenamiento.

4. Iniciativas parlamentarias de impulso y control

Además de las normas con rango de ley, se ha producido una intensa actividad de control político:

• Mociones y proposiciones no de ley en el Senado sobre presión migratoria y refuerzo de medios en Ceuta, ya aprobadas y concluidas (por ejemplo, la iniciativa (15)661/001931).
• PNL y debates en el Congreso sobre refuerzo de acciones humanitarias y sanitarias en Ceuta, actualmente en el orden del día pero sin efectos normativos directos.

Estas iniciativas sirven para orientar y presionar políticamente, pero no constituyen por sí mismas la “solución legal excepcional”, ya que no crean derecho vinculante.

En síntesis, la “solución legal excepcional” para la crisis de Ceuta se articula hoy en torno a: un decreto‑ley ya en vigor y en fase de proyecto de ley en el Congreso (Real Decreto‑ley 2/2025 / 121/000055), un nuevo decreto‑ley de apoyo socioeconómico pendiente de convalidación (Real Decreto‑ley 22/2026), y dos anteproyectos de reforma de Extranjería y Asilo que aún no han llegado a las Cortes, junto a las declaraciones de situación de interés para la seguridad nacional. No hay una ley singular cerrada para Ceuta, sino un entramado normativo en distintas fases de tramitación.

El Delegado del Gobierno en Ceuta es el máximo representante del Gobierno de la Nación en la ciudad autónoma y el órgano que dirige y coordina la Administración General del Estado (AGE) en su territorio. Su estatuto básico se encuentra en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, que regula los órganos territoriales de la AGE (artículos sobre Delegados del Gobierno) y menciona expresamente a los Delegados del Gobierno en las ciudades de Ceuta y Melilla en sus disposiciones adicionales, equiparándolos a los de las comunidades autónomas. Además, normas como el Real Decreto 1330/1997 (sobre estructura de las Delegaciones del Gobierno) y la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, completan su marco competencial, sobre todo en materia de seguridad y orden público.

1. Representación del Gobierno de la Nación

De acuerdo con la Ley 40/2015 (ventana 165000‑172500 del texto), los Delegados del Gobierno, y por extensión el de Ceuta, ejercen la representación del Gobierno de la Nación en el ámbito territorial correspondiente. Esto implica:

• Ser la cara institucional del Gobierno en Ceuta ante las autoridades locales, otras administraciones y la ciudadanía.
• Actuar como canal ordinario de relación política e institucional entre el Gobierno central y la Ciudad Autónoma, en paralelo a los mecanismos de cooperación que la Ley 40/2015 prevé para Ceuta y Melilla en sus disposiciones adicionales (referidas en el propio preámbulo de la Ley).
• Asumir la condición de órgano directivo de la AGE, con rango de subsecretario, nombrado y separado por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno.

2. Dirección y coordinación de la Administración General del Estado en Ceuta

La Ley 40/2015 establece que los Delegados del Gobierno dirigen y supervisan la Administración General del Estado en el territorio, y la coordinan internamente y, cuando proceda, con la administración autonómica y local. En Ceuta esto se traduce en:

• Impulsar, coordinar y supervisar la actuación de todos los servicios y organismos estatales presentes en la ciudad (Hacienda, Educación, Sanidad, Seguridad Social, etc.).
• En los servicios integrados en la Delegación, dirigir directamente su actividad, de acuerdo con los objetivos y criterios técnicos fijados por los ministerios competentes.
• Nombrar, cuando procede, responsables territoriales (figuras análogas a subdelegados o directores insulares en otros territorios) y coordinar el uso de los edificios y medios materiales de la AGE, función que la Ley 40/2015 vincula a los Delegados del Gobierno también mediante remisión a la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas.
• Informar las propuestas de nombramiento de los titulares de órganos territoriales de la AGE y de organismos públicos de ámbito local o provincial radicados en Ceuta.

3. Información al Gobierno y a la ciudadanía

Entre las competencias catalogadas por la Ley 40/2015 se incluye un bloque específico de información de la acción del Gobierno e información a los ciudadanos:

• Coordinar la información sobre los programas y actividades del Gobierno y de la AGE en Ceuta, asegurando un mensaje coherente.
• Recibir información de los ministerios sobre los planes y programas que vayan a ejecutarse en la ciudad, para garantizar su adecuada coordinación territorial.
• Elaborar y remitir informes al Gobierno (al menos de carácter anual) sobre el funcionamiento de los servicios públicos estatales en Ceuta y sobre la situación general del territorio desde la perspectiva de la AGE.

4. Coordinación y colaboración con la Ciudad Autónoma y otras administraciones

La Ley 40/2015 sitúa a los Delegados del Gobierno como pieza clave en la coordinación entre administraciones. En Ceuta, esto significa:

• Mantener las relaciones de cooperación entre la AGE y la Ciudad Autónoma de Ceuta, así como con las entidades locales (cuando existan), participando en comisiones mixtas y otros órganos de cooperación.
• Promover y seguir convenios y programas de financiación estatal que afecten a la ciudad, asegurando su correcta ejecución.
• Favorecer sistemas integrados de intercambio de información entre la AGE y la Ciudad Autónoma, cuestión expresamente destacada en la exposición de motivos de la Ley 40/2015 al referirse a las relaciones con Ceuta y Melilla.

5. Control de legalidad y protección de derechos

La Ley 40/2015 también atribuye a los Delegados del Gobierno competencias de control de legalidad respecto de los actos de la propia Delegación y de los servicios integrados:

• Resolver recursos administrativos contra resoluciones dictadas por órganos de la Delegación, previa intervención del ministerio competente por razón de la materia.
• Suspender la ejecución de actos impugnados cuando le corresponda resolver el recurso, o proponer esa suspensión en otros casos, conforme a la legislación general de procedimiento administrativo.
• Canalizar reclamaciones de responsabilidad patrimonial relacionadas con la actividad de la AGE en Ceuta hacia los departamentos ministeriales competentes.

6. Seguridad ciudadana, protección civil e inmigración

Aunque la Ley Orgánica 2/1986 y la Ley Orgánica 4/2015 regulan de forma general la seguridad pública y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Ley 40/2015 y el Real Decreto 1330/1997 precisan que, en el ámbito territorial de la Delegación, se consideran servicios integrados aquellos que ejercen competencias sobre protección civil, extranjería y asilo, entre otras materias, dependientes funcionalmente del Ministerio del Interior.

En consecuencia, el Delegado del Gobierno en Ceuta:

• Coordina territorialmente la actuación de los órganos de la AGE con competencias en seguridad ciudadana, protección civil, extranjería y asilo presentes en la ciudad.
• Actúa como interlocutor principal del Ministerio del Interior ante la Ciudad Autónoma en cuestiones de orden público, fronteras y gestión de flujos migratorios, en el marco de las leyes de seguridad ciudadana y de extranjería.
• Participa en órganos de coordinación (juntas de seguridad u otros) para armonizar la actuación de Guardia Civil, Policía Nacional y, en su caso, cuerpos policiales locales.

7. Diferencias y similitudes con otros Delegados del Gobierno

La Ley 40/2015 configura un régimen común para todos los Delegados del Gobierno en las comunidades autónomas y, mediante mención específica en sus disposiciones adicionales, extiende ese modelo a los Delegados del Gobierno en Ceuta y Melilla. Por tanto:

• Las competencias básicas son sustancialmente las mismas (representación del Gobierno, dirección de la AGE, información, coordinación y control de legalidad).
• La singularidad de Ceuta proviene más de su condición de ciudad fronteriza y de ciudad autónoma uniprovincial que de un estatuto jurídico radicalmente distinto del Delegado del Gobierno, lo que refuerza su papel en materias como fronteras, inmigración y seguridad ciudadana.

Con la información disponible en las fuentes consultadas este turno, no es posible reconstruir de forma completa y fiable el reparto de escaños por partido en la Asamblea de Ceuta en la actualidad. Sí se pueden extraer algunos datos parciales, pero faltan cifras oficiales y actualizadas para todos los grupos, por lo que cualquier intento de ofrecer un cuadro cerrado de la composición sería especulativo.

Lo que sí puede afirmarse con respaldo explícito en las fuentes es lo siguiente:

• En una pieza de análisis político publicada el 15 de agosto de 2026, el periódico Demócrata recoge unas declaraciones del dirigente de Vox en Ceuta, Juan Sergio Redondo, en las que habla de una “mayoría absoluta alternativa” formada por el Partido Popular (PP) y Vox en la Asamblea ceutí. En ese contexto, el propio dirigente detalla que esa posible mayoría se articularía con nueve diputados del PP y cuatro de Vox en la Asamblea de Ceuta (9 + 4). Esa cifra, por tanto, está confirmada en la fuente como número de escaños de cada uno de esos dos partidos en ese momento.
• En otra información de Demócrata, del 28 de agosto de 2026, se indica que “los portavoces de todos los grupos políticos con representación en la Asamblea de Ceuta, junto a dos diputadas no adscritas” firman una declaración institucional sobre la situación de violencia en la ciudad. El texto no detalla el número de escaños de cada grupo, pero sí permite saber que, además de PP y Vox, hay otros grupos políticos representados y, además, al menos dos diputadas no adscritas en la Asamblea.

A partir de ahí, lo que se puede deducir con seguridad es:

• PP: 9 escaños (cifra mencionada explícitamente en la información de Demócrata, en boca del dirigente de Vox).
• Vox: 4 escaños (también mencionado explícitamente en esa misma información).
• Existen otros grupos con representación (el texto habla de “todos los grupos políticos con representación en la Asamblea de Ceuta”), pero en las piezas localizadas no se especifican ni sus nombres ni cuántos escaños tiene cada uno.
• Hay al menos dos diputadas no adscritas, sin que se precise de qué listas proceden ni cómo afecta exactamente eso al reparto interno por partidos.

En cambio, no aparece en las fuentes consultadas este turno:

• Un cuadro oficial y completo de la distribución de escaños por partido en la Asamblea de Ceuta tras las elecciones de 2023 o con las eventuales variaciones posteriores.
• El desglose preciso de los escaños de otras fuerzas que, por la prensa general, se sabe que han competido en Ceuta (como el PSOE o formaciones locales), pero cuyos escaños concretos no quedan documentados en los textos recuperados.

Dado que tu pregunta exige una respuesta numérica exacta –“qué partidos componen actualmente la Asamblea de Ceuta y cuántos escaños tiene cada uno”–, y las herramientas consultadas en este turno no proporcionan ese desglose completo, sería metodológicamente incorrecto inventar o completar de memoria los datos que faltan. Solo puedo garantizar, con respaldo textual, que:

• El PP cuenta con 9 diputados en la Asamblea de Ceuta.
• Vox cuenta con 4 diputados en la Asamblea de Ceuta.
• Hay otros grupos representados y al menos dos diputadas no adscritas, pero sin cifras concretas por partido en las fuentes manejadas.

Si necesitas el detalle completo y actualizado (todos los partidos y los escaños de cada uno), el cauce más seguro es acudir directamente a las fuentes oficiales de la Ciudad Autónoma de Ceuta (por ejemplo, la página institucional de la Asamblea de Ceuta o el portal de resultados electorales de la Administración General del Estado), donde suelen publicarse tanto los resultados definitivos de las elecciones como la composición vigente de la Cámara y sus eventuales cambios a lo largo de la legislatura.