El magistrado de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, ha citado a declarar como investigados esta semana a Julio Martínez Sola, expresidente de la aerolínea, y al exCEO Roberto Roselli, después de que ambos exdirectivos reconocieran que la compañía abonó “elevadas cantidades de dinero” por la presunta mediación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el rescate de 53 millones de euros otorgado durante la pandemia.
Calama ha fijado para este lunes la comparecencia de Martínez Sola y para el martes la de Roselli, quienes presentaron su dimisión a finales de julio tras admitir esos pagos en escritos remitidos al juzgado.
En este procedimiento, el juez mantiene como investigado a Zapatero por su supuesto papel al frente de una red de tráfico de influencias que habría obtenido beneficios económicos a cambio de su intervención en el rescate de 53 millones aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a favor de la aerolínea en 2021.
Ambos exdirectivos comunicaron al juez, poco antes de abandonar sus cargos, que la aerolínea pagó “elevadas cantidades de dinero” al empresario Julio Martínez Martínez, socio de Zapatero, por la presunta mediación del exlíder socialista en la obtención del rescate.
Según su relato, ellos “tuvieron plena conciencia” de que Martínez Martínez, dueño de Análisis Relevante, y Zapatero “sí tenían la pretensión de cobrar por las gestiones a realizar, lo cual fue asumido por ambos de forma sobrevenida de salvar a la compañía, aun cuando desconociesen qué acuerdos internos pudiesen tener”.
A esa “pretensión de cobrar”, las defensas de ambos exdirectivos lo definieron como “mordida”, recogiendo una conversación entre Roselli y Rodolfo Reyes, empresario venezolano y exconsejero de la aerolínea, intervenida por la Policía Nacional e incorporada en uno de los informes policiales remitidos al juez, en la que el exCEO de la aerolínea señaló: “Así que por ahí vendrá la mordida”.
“Una medida desesperada” y el pago del 1% del rescate
Martínez Sola y Roselli indicaron que no “llegaron a tener una constancia fehaciente de las concretas actuaciones llevadas a cabo para influir o favorecer la concesión del rescate a Plus Ultra por parte de la SEPI”, aunque admitieron que “como una medida desesperada, se asumió que Plus Ultra debía contratar con Martínez Martínez para tal fin, conscientes de que tenía relación con Zapatero”.
Para ello, la aerolínea desembolsó “elevadas cantidades de dinero”, equivalentes al 1% del importe del rescate, por “tales labores” y a las que, “eufemísticamente”, denominaron “de acompañamiento”, según el escrito remitido al juzgado.
Los responsables de la compañía detallaron que el pago del 1% del rescate, valorado en 530.000 euros, se fraccionó entre 2020 y 2025. De esa suma, 249.000 euros se ingresaron a Análisis Relevante, mientras que 98.617 euros fueron dirigidos a Voli Analítica y otros 110.799 euros a Domotic Europe, sociedades vinculadas a Martínez Martínez.
Añadieron que, aunque el socio de Zapatero “tenía la pretensión inicial de recibir el líquido completo hasta completar los 530.000 euros comprometidos”, finalmente “aceptó que entre los abonos quedara comprendido el pago en especie de 69.000 euros y consistente en los billetes de clase 'business' que Plus Ultra fue poniendo a su disposición durante 2021 y siguientes” años.
Asimismo, explicaron que se emitieron en torno a 40 facturas, con importes de entre 6.050 y 7.250 euros, bajo el concepto “Honorarios mensuales. Elaboración de informe”, pese a que, según subrayaron, “no existió tal informe o la materialidad de los seis o siete informes que se hicieron llegar eran irrelevantes para Plus Ultra y simplemente” una actividad “encubridora”.
También manifestaron que la aerolínea intentó llevar a cabo “una regularización completa y más exacta” del pago de 530.000 euros a las empresas de la supuesta trama, pero que dicho intento “quedó frustrado por la operación policial, pues ni siquiera se efectuó la datación de cuentas definitiva”.
Además, reconocieron que “hubo otros pagos” al socio de Zapatero, cuyo importe no concretaron, a cambio de “intensas labores” que el empresario habría realizado en Venezuela, entre ellas la negociación del aplazamiento de una deuda con Petróleos de Venezuela.
La llamada desde un número oculto y el origen de la mediación
Las defensas de los exdirectivos sitúan en abril de 2020 los primeros pasos de la operación, en pleno parón del tráfico aéreo por el confinamiento derivado de la pandemia de coronavirus.
Martínez Sola y Roselli señalaron que Reyes contactó con el primero para preguntarle “a qué contactos podrían arribar con personas en puestos de influencia” con el objetivo de “favorecer el acceso a cualquier tipo de ayuda”.
De acuerdo con el relato de los exresponsables de Plus Ultra, Reyes le indicó que hablara con Manuel Fajardo, quien a su vez le trasladó que Zapatero “podría ayudarle y que éste y Julio Martínez Martínez se pondrían en contacto con él”.
“En efecto, al día siguiente, 30 de abril de 2020, Martínez Sola recibió una llamada desde un número oculto, resultando ser José Luis Rodríguez Zapatero”, aseveraron en su escrito.
Precisaron que la conversación “duró aproximadamente diez minutos y, en la misma, Martínez Sola hizo una breve exposición a Zapatero sobre la compañía, trasladándole la difícil situación financiera en la que se encontraba y la necesidad de acceder a un crédito ICO”.
Defensa de la actividad de Plus Ultra
Ante esa petición, el expresidente socialista “manifestó que su intervención podría ser de ayuda y que haría las gestiones oportunas” y que, a partir de ese momento, el enlace sería “con una persona de su confianza, Julio Martínez Martínez”, relataron los exdirectivos.
En cualquier caso, insistieron en que “en dicha conversación con Zapatero no habló nada de honorarios, ni tampoco solicitó nada a cambio de sus gestiones”.
Las defensas admitieron que “Plus Ultra ha cometido errores, no se discute”, pero recalcaron que ello “no significa” que la aerolínea sea “una sociedad pantalla o no dedicada a actividad empresarial plenamente lícita”.
“Su evolución económica, el volumen de empleo sostenido, pagos recurrentes de nóminas y aportaciones a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública evidencian una organización empresarial activa, con capacidad de prestación continuada de servicios y con positivo impacto económico verificable en la sociedad española”, manifestaron.
En esta línea, atribuyeron a “una situación desesperada de obtención de liquidez fruto de una pésima coyuntura económica” que Plus Ultra se viera “involucrada en una presunta red de blanqueo de capitales y en una operativa de tráfico de influencias”.