La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha reclamado “respeto” y “prudencia” hacia la labor de la magistrada María Tardón, la jueza que instruye la causa sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta. La petición llega después de la carta enviada este jueves por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en la que manifestaba su “preocupación” por la decisión de Tardón de impedir que el equipo policial que investiga la crisis traslade información sobre sus pesquisas a sus mandos superiores.
“Toda resolución judicial puede ser objeto de crítica, pero esa crítica debe realizarse con responsabilidad y sin extender mantos de sospecha sobre la independencia o la profesionalidad de quien tiene encomendada una investigación”, han expresado desde la asociación judicial.
La AJFV ha salido en defensa de la actuación de la magistrada, de cuyo trabajo señalan que es “diligente, eficaz y plenamente ajustado a las garantías del procedimiento”, y subrayan que la causa “debe seguir su curso con la serenidad y la pulcritud que exige cualquier actuación judicial, sin interferencias ni presiones externas”.
Al mismo tiempo, la asociación recuerda que, cuando los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad intervienen en el ejercicio de funciones propias de policía judicial, “su actuación se encuentra sometida a la dirección y control de la autoridad judicial”.
En esta línea, insisten en que la información obtenida mediante diligencias de investigación “debe ponerse únicamente en conocimiento de los jueces y tribunales competentes”, tal y como recogen la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. “Esta obligación resulta aplicable con independencia del cuerpo policial de que se trate o de la Administración de la que dependa”, inciden.
La organización subraya además que “la confianza en la Justicia es un elemento esencial del Estado de Derecho” y advierte de que puede verse dañada cuando “se cuestiona a los jueces no por cómo ejercen su función, sino porque el resultado o la orientación de sus investigaciones incomodan a determinados poderes públicos”.
En este sentido, recalcan que los jueces han de poder investigar con “independencia” y estar sometidos “únicamente a la ley y a las garantías del procedimiento”. “Respetar ese principio es respetar la Justicia y, en última instancia, los derechos de todos los ciudadanos”, han zanjado.