El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha arremetido este miércoles contra el Real Decreto-ley que crea el registro público de 'lobbies', al considerar inaceptable que la patronal tenga la obligación de inscribirse. Como respuesta, ha decidido suspender cualquier interlocución con el Ejecutivo hasta el 16 de septiembre, fecha en la que la norma será sometida a votación en el Congreso de los Diputados.
“Hoy he transmitido a nuestras organizaciones, casi 4.500 organizaciones en la CEOE, que no vamos a hablar con el Gobierno porque acaban de sacar la ley de lobbies y nos han incluido en la ley”, ha señalado el máximo responsable de la patronal en declaraciones a los periodistas desde Ceuta.
El Real Decreto-ley que regula los lobbies en España, aprobado recientemente por el Gobierno, establece que las organizaciones empresariales y sindicales deberán inscribirse en el denominado “Registro de Grupos de Interés” siempre que desarrollen actuaciones orientadas a influir en la elaboración de políticas públicas o en proyectos normativos.
Garamendi ha subrayado que la CEOE figura en la Constitución Española como agente social y ha reivindicado ese papel institucional. “Nosotros defendemos a las empresas con sentido de Estado”, ha insistido.
Ante la próxima convalidación de la norma el 16 de septiembre en el Congreso, el dirigente empresarial ha optado por congelar los contactos con el Gobierno a la espera de que el decreto sea rechazado por la Cámara Baja. “Ni nos pondremos al teléfono”, ha avisado, marcando así un punto de máxima tensión en la relación entre la patronal y el Ejecutivo.
Dificultades para cerrar un pacto en el AENC
En coherencia con esta postura, el presidente de la CEOE ha admitido que resulta “difícil” alcanzar acuerdos con las organizaciones sindicales en el marco del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), al considerar que no existe un “espacio seguro” debido a las iniciativas que está impulsando el Ministerio de Trabajo.
En particular, Garamendi ha aludido a la reforma comprometida por el Gobierno para que las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no puedan compensarse con pluses o complementos salariales. Se trata de un compromiso adquirido con los sindicatos en el último pacto para el incremento del SMI, pero que todavía no ha sido aprobado, lo que añade incertidumbre a la negociación colectiva y complica el cierre de un consenso en el AENC.