UGT y CCOO han pedido a los grupos parlamentarios que no convaliden el decreto-ley que regula la actividad de los grupos de interés, al considerar que incluir a los sindicatos dentro de esta categoría "vulnera el papel constitucional" que tienen reconocido como interlocutores sociales.
Las dos organizaciones han endurecido este viernes su posición frente a la nueva regulación de los lobbies aprobada por el Gobierno el pasado 25 de agosto. Califican la norma de "despropósito, tanto por el contenido como por el procedimiento seguido" y reclaman que continúe su tramitación como proyecto de ley para permitir la participación de los interlocutores sociales.
Los sindicatos rechazan ser considerados grupos de interés
El principal enfrentamiento está en el ámbito de aplicación de la nueva regulación. UGT y CCOO sostienen que equiparar a los sindicatos con otros grupos de interés ignora las funciones representativas que les reconocen los artículos 7 y 28 de la Constitución y la Ley Orgánica de Libertad Sindical.
"Si se pretende poner en valor el diálogo y la concertación social, no se pueden considerar como grupos de interés a las organizaciones sindicales", defienden.
Las centrales argumentan que su participación en la elaboración de políticas públicas y proyectos normativos no responde únicamente a la defensa de intereses particulares, sino a las funciones de representación y participación institucional que tienen reconocidas legalmente.
El problema, según señalan, se encuentra en la propia redacción del decreto. Su artículo 2.2 establece una serie de sujetos que quedan fuera de la consideración de grupos de interés, entre ellos las administraciones públicas, los organismos internacionales, los partidos políticos y los colegios profesionales.
Los sindicatos, sin embargo, no aparecen expresamente entre las exclusiones. UGT y CCOO interpretan que eso provoca que queden incluidos, por omisión, dentro de la definición general de grupo de interés recogida en el artículo 2.1.
El precedente europeo que esgrimen UGT y CCOO
Las organizaciones también cuestionan que se utilice como referencia el modelo europeo de transparencia para justificar la regulación española.
Según explican, el Acuerdo Interinstitucional de la Unión Europea de 20 de mayo de 2021 sobre el registro obligatorio de transparencia establece un tratamiento específico para los interlocutores sociales.
En concreto, recuerdan que su artículo 4.1.c excluye de su ámbito las actividades realizadas por los interlocutores sociales cuando participan en el diálogo social conforme al artículo 152 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Para UGT y CCOO, trasladar a España un régimen inspirado en el europeo sin introducir una excepción equivalente supone conceder a los sindicatos "menos garantías que las que ofrece el propio modelo europeo que se invoca como referencia".
También cuestionan que el Gobierno recurriera al decreto-ley
El rechazo sindical no se limita al contenido. UGT y CCOO cuestionan también la fórmula escogida por el Gobierno para aprobar la regulación.
La regulación de los grupos de interés llevaba más de un año siguiendo su recorrido parlamentario como proyecto de ley. Las centrales rechazan que ese procedimiento haya sido sustituido por la aprobación de un real decreto-ley y consideran que con ello se ha renunciado al debate parlamentario que estaba en marcha.
"No es de recibo", sostienen, que un año después de iniciarse la elaboración del informe en la Comisión de Hacienda y Función Pública el proceso legislativo no hubiera culminado con una votación del Pleno y que el Ejecutivo optara después por otra vía.
Las organizaciones cuestionan incluso que concurran las circunstancias constitucionales necesarias para recurrir al decreto-ley. A su juicio, no existe la "extraordinaria y urgente necesidad" exigida por el artículo 86.1 de la Constitución, precisamente porque la materia llevaba más de un año tramitándose por el procedimiento legislativo ordinario.
UGT y CCOO sostienen además que un decreto-ley no puede regular una materia reservada a ley orgánica, como consideran que sucede con la libertad sindical, ni afectar a los derechos y libertades del Título I de la Constitución.
Se trata, en todos estos casos, de la argumentación jurídica defendida por las dos centrales sindicales, no de un pronunciamiento judicial sobre la constitucionalidad del decreto.
Quieren una ley específica sobre diálogo social
UGT y CCOO plantean también una alternativa. Además de reclamar la no convalidación del decreto de lobbies, piden al Gobierno que impulse una norma específica que regule el diálogo social y la participación institucional.
Ambas centrales aseguran disponer ya de una propuesta articulada con la que comenzar a trabajar y defienden que una regulación propia aportaría seguridad jurídica, transparencia y estabilidad al modelo de concertación social.
Su petición final al Congreso es doble: que el Real Decreto-ley 21/2026 no sea convalidado en su redacción actual y que se impulse una ley que reconozca expresamente el papel constitucional de las organizaciones sindicales y regule su participación en el diálogo social.