Corea del Norte ha anunciado este martes que ha decidido rebajar el nivel de sus relaciones diplomáticas con el Gobierno británico, como represalia por las sanciones impuestas contra un campamento infantil ubicado en Songdowon, en la ciudad de Wonsan. Londres acusa a este centro de estar implicado en el adoctrinamiento de menores ucranianos que habrían sido trasladados por la fuerza en el contexto de la invasión de Ucrania.
En un comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores norcoreano y citado por la agencia estatal KCNA, Pyongyang ha calificado esta medida como una “respuesta diplomática” a una decisión “provocativa” motivada por “cuestiones políticas”.
Las autoridades norcoreanas han recordado que, hace unas semanas, el embajador Mun Myong Sin fue retirado precisamente por este desencuentro, de modo que la representación norcoreana en Londres queda ahora reducida a un encargado de negocios. En el texto, el Gobierno acusa al Reino Unido de “querer manchar la imagen” de Corea del Norte y de intentar “socavar sus relaciones con Moscú”.
A comienzos de mayo, el Ejecutivo británico incorporó a varias figuras y entidades rusas a su más reciente paquete de sanciones, en el que también incluyó al Campamento Internacional Infantil Songdowon, en territorio norcoreano. Londres sospecha que estas instalaciones están vinculadas a deportaciones forzosas de niños ucranianos y a su posterior adoctrinamiento.
El campamento fue creado en 1960 y, desde entonces, se ha empleado de forma continuada como herramienta de propaganda y para reforzar la lealtad al régimen entre los jóvenes. El Gobierno de Ucrania ha advertido reiteradamente sobre esta función y ha denunciado el “secuestro y traslado” de menores a dichas instalaciones desde el inicio de la guerra.
En marzo de 2023, el Tribunal Penal Internacional (TPI) dictó una orden de detención contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por un presunto crimen de guerra relacionado con la deportación forzosa de niños ucranianos desde territorios ocupados durante el conflicto.
La corte considera que existen “motivos razonables” para sostener que Putin “tiene responsabilidad penal individual” por estos hechos, ya sea por su participación “directa” o por no haber “ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos”.
El Kremlin, por su parte, ha rechazado de forma sistemática las acusaciones de deportaciones forzosas de menores, que atribuye a una campaña de desinformación impulsada por Kiev y sus aliados. Sin embargo, el Gobierno ucraniano sostiene que al menos 16.000 niños han sido trasladados contra su voluntad a territorio ruso desde que comenzó la invasión.