Una jueza federal de Estados Unidos ha paralizado un nuevo intento de la Administración del presidente Donald Trump de restringir la ciudadanía por nacimiento, dejando sin efecto de forma parcial una orden ejecutiva dictada por el inquilino de la Casa Blanca tras la anulación previa de un decreto sobre la misma cuestión por parte del Tribunal Supremo.
La magistrada Deborah Boardman ha determinado que el Gobierno no puede aprobar una nueva orden con carácter restrictivo en esta materia, aunque ha dejado abierta la puerta a que las distintas agencias federales continúen elaborando directrices internas sobre cómo debería aplicarse la normativa.
Asimismo, la jueza ha apuntado que existían indicios de que esta nueva política podría ser inconstitucional a la luz del fallo anterior del Supremo, según ha informado la cadena de televisión estadounidense CNN.
A finales de junio, el Alto Tribunal concluyó que había “escasas pruebas” que respaldaran la reinterpretación que la Administración Trump hacía de la Decimocuarta Enmienda, que establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de Estados Unidos”.
Mediante esta directiva, Trump pretendía negar la ciudadanía estadounidense a los hijos de mujeres que se encuentren en el país en situación migratoria irregular o con visados temporales y cuyos progenitores no sean ciudadanos ni residentes legales. De aplicarse, la medida podría afectar a unos 250.000 bebés que nacen cada año en territorio estadounidense, según datos del Instituto de Políticas Migratorias (MPI, por sus siglas en inglés) y del Instituto de Investigación Demográfica de la Universidad de Pensilvania.
El máximo órgano judicial del país ha respaldado en varias ocasiones el principio de ciudadanía por nacimiento, mientras que el Congreso aprobó, incluso antes de la ratificación en 1868 de la Decimocuarta Enmienda, una ley federal que reconoce este derecho a quienes nacen en suelo estadounidense.
Trump ha convertido la limitación de la ciudadanía por derecho de nacimiento en una de las señas de identidad de su segundo mandato. Nada más regresar a la Presidencia el año pasado, emitió la orden ejecutiva con la que buscaba retirar la ciudadanía a estos menores.