La Comisión de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del Senado ha dado este jueves luz verde al dictamen de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, con 17 votos a favor (PP, Grupo Plural, Izquierdas por la Independencia y Grupo Mixto) y 15 abstenciones (PSOE, PNV e Izquierda Confederal).
El dictamen incorpora en total 45 enmiendas y 10 transaccionales. De las enmiendas, 37 proceden del PP, que, entre otros aspectos, ha modificado el articulado para suprimir en la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) la prevalencia de la educación inclusiva sobre la especial. Además, introduce cambios en materia fiscal, de vivienda, empleo, justicia, accesibilidad y protección frente a la IA.
La propuesta, promovida por el Ministerio de Derechos Sociales, actualiza la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley de Dependencia con la finalidad de reforzar la autonomía personal, ampliar la cartera de servicios y corregir limitaciones introducidas en etapas anteriores.
En concreto, se suprimen las incompatibilidades entre prestaciones y servicios de dependencia, permitiendo que una persona pueda combinar apoyos que antes resultaban excluyentes; se habilita el reconocimiento automático de la discapacidad a partir del grado de dependencia; se incorpora la figura del asistente personal; se blinda por ley la financiación estatal del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD), fijando que la Administración General del Estado asuma el 50% de su coste –la reforma se asocia a una inyección adicional de 6.200 millones de euros para las comunidades autónomas entre 2026 y 2027–; y se recoge la figura de la persona experta facilitadora procesal, incluida durante la tramitación en el Congreso mediante una transaccional.
El Congreso dio luz verde al proyecto con el apoyo de todos los grupos, salvo el PP, que se abstuvo, y Vox, que votó en contra. Tras esa votación, el texto pasó al Senado, donde el PP ha incorporado sus modificaciones.
Ahora, el dictamen de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia se elevará al Pleno del Senado la próxima semana, donde los grupos podrán defender, mediante votos particulares, las enmiendas que no se incorporaron en comisión.
Durante la discusión, los 'populares' cuestionaron la financiación prevista en el proyecto, que consideran insuficiente, y defendieron sus enmiendas como mejoras prácticas para las familias, mientras que desde el PSOE pusieron el acento en que la norma amplía derechos, autonomía y servicios y defendieron la garantía de financiación estatal.