Vox ha advertido este miércoles del riesgo de que quienes han pedido o ya han obtenido la nacionalidad española al amparo de la conocida como “ley de nietos” recurran a “falsificaciones” para probar que son descendientes de exiliados políticos. Esta preocupación se intensifica después de que el Tribunal Supremo haya decidido de forma cautelar que quienes hayan adquirido el derecho de sufragio a través de esta vía solo puedan ejercerlo si demuestran efectivamente su condición de descendientes de exiliados.
En su resolución de este martes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo atendió las medidas planteadas por Vox y la organización Iustitia Europa y acordó suspender provisionalmente el voto de los ya inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que obtuvieron la nacionalidad por la llamada “ley de nietos”, así como frenar las nuevas inscripciones, salvo que acrediten que sus ascendientes sufrieron exilio.
De acuerdo con lo establecido por el Alto Tribunal, los beneficiarios de la Ley de Memoria Democrática que hayan sido dados de alta en el CERA no podrán participar en las elecciones hasta que el Supremo dicte sentencia. En cuanto a los expedientes de inscripción aún en trámite, se completará su gestión administrativa, pero tampoco podrán votar mientras no haya fallo definitivo.
Exigir pruebas de exilio y temor a “falsificaciones”
En todos los supuestos, el derecho de sufragio quedará en suspenso salvo que los responsables de los registros consulares “expidan certificación acreditativa de su condición de nacidos fuera de España, de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que hubieran sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación de identidad sexual y que hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad”.
Sin embargo, desde Vox han avisado de que los aspirantes a acogerse a esta norma podrían recurrir a “falsificaciones” para justificar su vínculo con el exilio, llegando incluso a utilizar documentación emitida por partidos políticos para intentar demostrarlo.
La formación que lidera Santiago Abascal califica de “éxito rotundo a efectos electorales” la decisión adoptada por el Supremo, frente a un Gobierno que ha pedido al tribunal que falle cuanto antes para que la cuestión quede resuelta antes de las elecciones municipales y autonómicas de mayo y de las próximas generales.
Vox, por el contrario, sostiene que lo “razonable” es que el Supremo haga pública su sentencia “cuanto antes”, pero rehúsa fijar calendarios o hablar de tiempos para no “presionar” a los magistrados que integran la Sala.
Vox reclama anular la instrucción de Justicia
El partido de Abascal subraya además que, pese a la resolución del Supremo, continuará la concesión de nacionalidades “incluso fuera de la ley”, ya que sigue vigente la instrucción aprobada en 2022 por el Ministerio de Justicia que detalla el procedimiento para obtener la nacionalidad por esta vía.
Vox ha pedido que esa instrucción se declare nula de pleno derecho por exceder, a su juicio, lo previsto en la Ley de Memoria Democrática. La ley contempla el acceso a la nacionalidad para descendientes de quienes se exiliaron por “razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual”, pero el partido denuncia que la instrucción amplía el alcance a los familiares de todos los que abandonaron España entre la Guerra Civil y el 31 de diciembre de 1955, sin atender al motivo de su salida.
Por ahora, el Supremo solo se ha pronunciado sobre la suspensión cautelar del voto de los inscritos en el CERA tras ser nacionalizados por la Ley de Memoria, aunque Vox confía en que el Alto Tribunal termine entrando también en el fondo de esa instrucción y acabe anulándola.
En la formación admiten que habrá que esperar para saber si el Supremo aborda esta cuestión en el mismo procedimiento y, en caso de hacerlo, asumen que podría optar por impedir nuevas concesiones de nacionalidad sin revocar las ya otorgadas. Durante el periodo habilitado para acogerse a esta vía se presentaron alrededor de 2,5 millones de solicitudes y ya se han aprobado más de medio millón.
En todo caso, Vox recuerda que en junio pasado pidió ante la Secretaría de Estado de Justicia la nulidad de la citada instrucción y la suspensión cautelar de su aplicación, y reprocha al Gobierno que no haya atendido esta reclamación ni haya recabado el dictamen del Consejo de Estado.
Además, insiste en las posibles irregularidades que, a su juicio, pueden producirse en el voto por correo de los españoles residentes en el extranjero, ya que no están obligados a rogar el voto ni a identificarse al depositarlo para su envío, a diferencia de lo que ocurre con el voto por correo dentro del territorio nacional.