La organización Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este jueves que el Ejército israelí ha intensificado sus actuaciones para acelerar la anexión del Territorio Palestino Ocupado, emitiendo nuevas órdenes “ilegales” de confiscación de tierras en Cisjordania, incluso dentro del área gestionada únicamente por la Autoridad Palestina.
Según la ONG, en julio el Ejército israelí firmó al menos 15 órdenes de confiscación que afectan a unas 200 dunams (20 hectáreas) en las áreas A y C de la gobernación de Yenín, en el norte de Cisjordania, con el fin de enlazar los asentamientos de Emek Dotan y Noa, cuya creación fue autorizada por el actual Ejecutivo israelí a comienzos de este año.
“Estas últimas órdenes de confiscación del Área A muestran cómo Israel ahora está ampliando descaradamente su agenda de anexión a áreas que han estado bajo el control de las autoridades palestinas desde los Acuerdos de Oslo”, ha criticado la directora regional para Oriente Próximo y el Norte de África, Heba Morayef.
En este sentido, ha llamado a los países que mantienen “estrechas relaciones comerciales y políticas” con Israel a adoptar “medidas urgentes para presionar a Israel a que rescinda estas órdenes”. “Cualquier estado que preste asistencia a la expansión de los asentamientos ilegales de Israel u otros crímenes de guerra corre el riesgo de ser cómplice en crímenes internacionales contra los palestinos”, ha advertido.
Morayef ha subrayado que la construcción de nuevas vías para unir los asentamientos “divide la gobernación de Yenín en zonas “aisladas”, lo que “socava la integridad geográfica y económica” del territorio palestino y perjudica a las comunidades locales, “fragmentándolas aún más y restringiendo su libertad de movimiento”.
“Junto con el traslado por la fuerza y la limpieza étnica de los palestinos en el Área C, estas medidas ilustran en la práctica la determinación de las autoridades israelíes de intensificar su anexión formal de tierras palestinas por toda Cisjordania”, ha argüido.
De acuerdo con la ONG Peace Now, es la primera ocasión desde los Acuerdos de Oslo en la que se emiten órdenes en el Área A que favorecen a colonos y no se justifican por motivos de seguridad. Amnistía ha recordado además que en mayo de 2026 el Ejército israelí confiscó terrenos privados dentro de la ciudad de Yenín para instalar una base militar, mientras continúan los proyectos de ampliación en la zona E1, al este de Jerusalén.
En relación con el proyecto para conectar Emek Dotan y Noa, la oficina del gobernador de Yenín ha alertado de que la ejecución de estas órdenes —un plan que separará la ciudad de otras gobernaciones palestinas como Tulkarem, Tubas y Nablús— ya está en marcha, lo que podría acarrear “repercusiones económicas negativas para cientos de familias” que dependen de campos de cultivo y olivares, justo a las puertas de la temporada de recogida de la aceituna.
Las tierras afectadas pertenecen en su mayoría a propietarios privados de las aldeas de Qabatiya, Arraba, Mirka, Misilya, Jirba y Al Yamun. La mayor parte se sitúa a lo largo de la carretera 60, que atraviesa Cisjordania de norte a sur, ha precisado Amnistía.
El 29 de julio de 2026, el Consejo Supremo de Planificación de la Administración Civil de Israel dio luz verde a un proyecto para ampliar dicha carretera, que facilita el tránsito de colonos por Cisjordania y se utiliza para cerrar el acceso a localidades palestinas mediante puertas metálicas, controles y barreras físicas.
La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ya advirtió en abril de que ha contabilizado 925 obstáculos que limitan la libertad de movimiento de unos 3,4 millones de palestinos en Cisjordania.
Amnistía ha añadido que el Ejército ha emitido otras órdenes de confiscación para ampliar infraestructuras y carreteras destinadas a colonos en distintos puntos de Cisjordania, entre ellos Qusra, en la gobernación de Nablús, y Kufr Ni mé, en la gobernación de Ramala.
“Al confiscar tierras palestinas para expandir sus asentamientos ilegales, las autoridades israelíes están intensificando violaciones de larga duración del Derecho Internacional y afianzando aún más un sistema de desposesión y opresión”, ha sentenciado Morayef.
Por ello, ha insistido en que la “comunidad internacional debe ir más allá de la retórica” y adoptar “medidas concretas”, como “suspender la cooperación que contribuye a estas violaciones, condicionar proyectos económicos con Israel al retiro de estas órdenes y asegurar que las empresas no apoyen proyectos vinculados a los asentamientos”.
El Derecho Internacional considera ilegales todos los asentamientos en los Territorios Palestinos Ocupados, aunque el Gobierno israelí distingue entre los que ha autorizado y los que no, reconociendo solo estos últimos como contrarios a la ley, pese a las críticas de la comunidad internacional y a los fallos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
El Área C es la mayor de las tres divisiones administrativas en que quedó fragmentada Cisjordania tras los Acuerdos de Oslo, de carácter provisional y nunca plenamente implementados. Esta zona permanece bajo administración israelí, mientras que el Área B está bajo gestión administrativa de la Autoridad Palestina y control militar de Israel. A su vez, el Área A se encuentra bajo administración exclusiva de la Autoridad Palestina.