Por qué el petróleo de Venezuela no abaratará la gasolina pese al acuerdo de Trump

El proceso de implementación de los acuerdos entre el Gobierno de Venezuela y las grandes petroleras internacionales se encuentra en una fase avanzada pero muy condicionada por el marco sancionador de Estados Unidos y por las limitaciones estructurales internas de la industria venezolana. Chevron ha relanzado y ampliado su apuesta inversora, mientras que en el caso de Eni (en alianza con Repsol) los proyectos de gas avanzan, aunque bajo la incertidumbre regulatoria creada por las decisiones de Washington desde 2025.

Chevron: reconfiguración de las ‘joint ventures’ e impulso inversor

Según una información reciente de Demócrata, Chevron ha cerrado nuevos acuerdos con el Gobierno venezolano para actualizar su plan de operaciones y redefinir las condiciones de sus sociedades mixtas Petroindependencia, Petropiar y Petroboscán (noticia de Demócrata). Estos acuerdos contemplan:

• Un plan de inversiones superiores a 7.000 millones de dólares en un horizonte de cinco años.
• Mejora de las condiciones fiscales, comerciales y legales de las empresas mixtas, con el objetivo de hacer las inversiones “duraderas y competitivas a largo plazo”.
• La asignación de nuevos bloques a Chevron en el Cinturón del Orinoco (por ejemplo, Carabobo-1 y Carabobo-2-Sur-A para Petroindependencia), ampliando su radio de acción en crudo extrapesado.

En términos de implementación, los acuerdos ya están teniendo efectos operativos: las tres compañías vinculadas a Chevron han incrementado su bombeo alrededor de un 15 % en lo que va de año, y la empresa proyecta duplicar su producción en el país hasta unos 600.000 barriles diarios para 2031, con costes por barril por debajo de los 20 dólares.

Este despliegue se apoya en licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y en una cierta coordinación con el Departamento de Energía de Estados Unidos, que la propia Chevron agradece en sus declaraciones. Al mismo tiempo, otras decisiones de Washington han sido mucho más restrictivas: a comienzos de 2025, la Administración Trump anunció el fin de las licencias concedidas por Biden para la exportación de petróleo venezolano, obligando a un “cese gradual” de las operaciones de Chevron en el país en el plazo de un mes (información de El País).

El cuadro actual, por tanto, es el de una expansión pactada con Caracas y técnicamente en marcha, pero que se desarrolla en un entorno todavía volátil, donde la continuidad de las licencias estadounidenses y las decisiones políticas en Washington pueden alterar el ritmo de ejecución.

Eni (en alianza con Repsol): avance en gas y exportaciones, con incertidumbre regulatoria

La italiana Eni está especialmente presente en el negocio gasista, a través del proyecto costa afuera Cardón IV (campo Perla), que explota conjuntamente con Repsol. En marzo de 2026 Venezuela selló un acuerdo clave con Repsol que refuerza este proyecto y sitúa a Eni en el centro de la estrategia de gas del país (cobertura de Demócrata).

Entre los elementos de implementación ya visibles del acuerdo destacan:

• La consolidación de Perla como uno de los mayores campos de gas offshore de Latinoamérica, con una producción de unos 580 millones de pies cúbicos diarios de gas.
• El compromiso de que el gas suministre tanto el mercado interno venezolano como una ampliación de las exportaciones, con vocación de que Venezuela se convierta en país exportador relevante de gas.
• El reconocimiento explícito, por parte del Gobierno venezolano, del papel de Eni y Repsol como empresas que “se quedaron” en el país durante los años más duros de sanciones, lo que se traduce en un marco político favorable.

Sin embargo, las licencias y autorizaciones de Estados Unidos siguen siendo un condicionante importante. Desde 2024–2025, Washington ha manejado “cartas de conformidad” y licencias específicas para distintas empresas (entre ellas Repsol y Eni) en el marco del reajuste de sanciones vinculado al Acuerdo de Barbados; tras el endurecimiento de Trump, la prensa subraya que “está por verse qué pasará” con esos permisos (El País). Esto introduce incertidumbre sobre la velocidad y la escala con la que Eni puede convertir en exportaciones plenas el gas que ya está en producción.

Obstáculos estructurales y geopolíticos

Más allá de las licencias, los acuerdos de Chevron y Eni se implementan sobre una infraestructura petrolera venezolana muy deteriorada, con problemas en la red eléctrica, pasivos ambientales acumulados y necesidad de grandes inversiones en mantenimiento y servicios especializados. Varios análisis citados por Demócrata destacan que estas carencias pueden ralentizar la materialización efectiva de los planes de producción.

En paralelo, la estrategia de Estados Unidos —que combina flexibilizaciones puntuales de sanciones con aranceles y control sobre las exportaciones de crudo venezolano— sitúa a Chevron, Eni y otras compañías en un entorno de gran dependencia política. El resultado es un proceso de implementación que avanza sobre el terreno (más bombeo, más gas producido, nuevos bloques adjudicados), pero cuyo futuro a medio plazo sigue ligado tanto a la estabilidad política en Caracas como, sobre todo, a las decisiones de Washington.

El presidente de Estados Unidos tiene un papel central en la política energética internacional, aunque sus competencias se articulan siempre dentro del marco de la Constitución estadounidense y de la necesaria colaboración con el Congreso. No existe una “competencia energética internacional” única y cerrada, sino un conjunto de poderes en política exterior, seguridad nacional, comercio y regulación que, combinados, le dan una enorme capacidad de influencia sobre la energía a escala global.

1. Dirección de la política exterior y diplomacia energética

Como jefe de Estado y de la política exterior, el presidente fija las grandes líneas de la política energética internacional de EE. UU. Esto incluye:

• Definir prioridades estratégicas (p. ej., seguridad del suministro, reducción de la dependencia de determinados países, apoyo a la transición energética).
• Orientar el papel de EE. UU. en foros multilaterales sobre energía y clima (G7, G20, APEC, Agencia Internacional de la Energía, COP climáticas, etc.).
• Impulsar la llamada diplomacia energética, es decir, el uso de relaciones bilaterales y acuerdos para asegurar suministros, abrir mercados para empresas estadounidenses o promover tecnologías propias (GNL, renovables, captura de carbono, nuclear, etc.).

Esta diplomacia se ejecuta a través del Departamento de Estado, pero la orientación política y las decisiones clave dependen de la Casa Blanca.

2. Firma y negociación de tratados y acuerdos internacionales

El presidente tiene la competencia de negociar y firmar tratados internacionales, incluidos los que afectan a:

• Comercio de petróleo, gas, carbón o electricidad transfronteriza.
• Cooperación en tecnologías energéticas (investigación conjunta, estándares de seguridad nuclear, hidrógeno, etc.).
• Acuerdos climáticos que condicionan la política energética interna (por ejemplo, compromisos de reducción de emisiones).

Los tratados formales requieren ratificación por el Senado, pero el presidente puede recurrir a acuerdos ejecutivos o memorandos de entendimiento que, sin pasar por el mismo proceso, orientan de facto la política energética exterior.

3. Poderes en comercio exterior y sanciones

La política energética internacional de EE. UU. está muy condicionada por los poderes del presidente en materia de comercio exterior y sanciones:

• Puede imponer o levantar sanciones económicas a países y empresas del sector energético (productores de petróleo o gas, compañías de oleoductos, etc.), apoyándose en leyes aprobadas por el Congreso que le otorgan amplios márgenes discrecionales.
• Influye en la política de aranceles y controles a la exportación de tecnologías energéticas sensibles (por ejemplo, equipos para gas licuado o componentes nucleares).
• Puede autorizar o limitar determinadas exportaciones de energía cuando la legislación le otorga esa capacidad (caso del GNL, productos petrolíferos o tecnologías relacionadas con la seguridad nacional).

Estas decisiones tienen impacto directo en mercados globales, precios y flujos de inversión.

4. Seguridad nacional y doctrina energética

El presidente es comandante en jefe y principal responsable de la estrategia de seguridad nacional. Esto se traduce en:

• Incorporar la dimensión energética (seguridad de rutas marítimas, estabilidad de regiones productoras, dependencia de aliados) en las estrategias de defensa y seguridad.
• Ordenar acciones diplomáticas, de inteligencia o incluso militares para proteger infraestructuras críticas o rutas de suministro clave (estrechos, oleoductos, cables, etc.).
• Clasificar la energía (por ejemplo, ciertos minerales críticos o tecnologías) como asuntos estratégicos, condicionando inversiones extranjeras y controles de exportación.

5. Dirección del Ejecutivo federal y coordinación interagencias

El presidente nombra a los máximos responsables de los departamentos clave: Energía (DOE), Estado, Comercio, Defensa, Tesoro, y a figuras como el enviado especial para el clima o la energía. A través de estas designaciones y de directrices presidenciales:

• Coordina la posición de EE. UU. en negociaciones internacionales sobre energía y clima.
• Define estrategias de promoción exterior de tecnologías y empresas energéticas estadounidenses.
• Integra objetivos climáticos y de transición energética en la acción internacional del país.

6. Órdenes ejecutivas y señales a los mercados

El presidente puede dictar órdenes ejecutivas y directivas de seguridad nacional que:

• Establezcan criterios para inversiones extranjeras en infraestructuras energéticas críticas.
• Marquen objetivos de descarbonización que condicionan decisiones de empresas y países socios.
• Ordenen revisiones regulatorias que faciliten o dificulten determinados proyectos de exportación/importación de energía.

Más allá de las competencias formales, la capacidad de señalización del presidente —sus discursos, prioridades y anuncios— influye en la percepción de riesgo y en las decisiones de gobiernos y empresas en todo el mundo.

La normativa venezolana sobre hidrocarburos ha sido reformada recientemente para abrir más espacio a la inversión privada extranjera, pero sigue manteniendo un fuerte control estatal a través de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y del Ministerio de Hidrocarburos. Con la información disponible en las fuentes consultadas (prensa internacional y económica), se pueden extraer varios requisitos y condiciones clave que, en la práctica, debe cumplir una empresa extranjera que quiera invertir en el sector petrolero venezolano.

1. Marco general: rol del Estado y apertura reciente

La presidenta encargada Delcy Rodríguez ha defendido una reforma de la ley de hidrocarburos que “permite la participación del sector privado en la explotación petrolera” con el objetivo de “atraer inversiones” y reforzar la soberanía energética, según recogen distintas crónicas parlamentarias y de gobierno venezolanas. El Parlamento ha dado luz verde a esa reforma, presentada como un “paso histórico” para facilitar la entrada de capital internacional.

No obstante, el sector sigue considerado estratégico y estrechamente vinculado al Estado. La explotación se canaliza principalmente mediante:

• Empresas mixtas entre PDVSA y socios privados.
• Contratos específicos de exploración, producción y suministro suscritos con el Ministerio de Hidrocarburos y PDVSA.

2. Asociación con PDVSA y estructura societaria

La vía ordinaria para un inversor extranjero no es operar de forma completamente independiente, sino integrarse en vehículos conjuntos con la petrolera estatal:

• Las inversiones se articulan en empresas mixtas o proyectos compartidos con PDVSA, que participa en el capital y en la gestión. Ejemplo citado en la prensa: Petroquiriquire, con una participación del 60% de PDVSA y 40% de Repsol.
• Para nuevas áreas de explotación (como el área “Horcón” acordada con Repsol), los entendimientos se firman conjuntamente con el Ministerio de Hidrocarburos y PDVSA, que actúan como contrapartes públicas imprescindibles.

En la práctica, esto significa que la empresa extranjera debe:

• Estar dispuesta a constituir una sociedad conjunta o participar en una ya existente con PDVSA.
• Aceptar que PDVSA tenga una posición de control o al menos muy relevante en el proyecto, tanto societaria como operativa.

3. Autorizaciones y contratos con el Estado

La participación extranjera se somete a un régimen de autorizaciones administrativas y contratos con el Estado venezolano:

• Los acuerdos clave (exploración, desarrollo de campos, suministro de crudo o gas, etc.) se firman con el Ministerio de Hidrocarburos y PDVSA, que fijan el alcance de las operaciones, los plazos y los mecanismos de pago.
• Determinados proyectos relevantes o cambios de control en empresas mixtas acostumbran a someterse al control político y parlamentario, especialmente cuando afectan a grandes yacimientos o a la estructura del sector.
• Para compañías de países sometidos a sanciones estadounidenses (o que operan en dólares / sistema financiero de EEUU), la operativa en Venezuela suele requerir además licencias específicas de la OFAC, como las licencias generales o particulares que se han ido concediendo y revocando a empresas como Repsol o Chevron. Estas licencias no forman parte del derecho venezolano, pero condicionan fuertemente la viabilidad jurídica de las inversiones.

4. Régimen de contratos y garantías

La nueva legislación que “regulará el sector petrolero” ha eliminado, según recoge la prensa económica, la prerrogativa que permitía al Estado anular contratos con compañías extranjeras por un genérico “interés público” y pagar compensaciones por debajo del valor de mercado. Esta supresión responde a críticas de las grandes petroleras, que veían esa cláusula como un freno a nuevas inversiones.

De esa evolución normativa se desprenden varios elementos:

• Los contratos de exploración y producción siguen siendo administrativos y fuertemente regulados, pero el marco se ha ajustado para ofrecer más previsibilidad sobre expropiaciones o terminaciones anticipadas.
• Se refuerza la expectativa de compensaciones ajustadas a valor de mercado en caso de resolución de contratos por motivos imputables al Estado.
• Las empresas extranjeras deben someterse a requisitos generales: cumplimiento fiscal, laboral y ambiental en Venezuela, así como a los estándares técnicos y de seguridad fijados por el Ministerio y PDVSA.

5. Límites prácticos a la inversión extranjera

Aunque la última reforma busca atraer capital, las compañías siguen considerando el marco “muy gravoso” dada la incertidumbre política y económica y los antecedentes de sanciones y conflictos contractuales. Entre las limitaciones prácticas más relevantes se encuentran:

• Dependencia estructural de un socio estatal dominante (PDVSA) y de decisiones discrecionales del Ejecutivo.
• Exposición a cambios en las sanciones internacionales, especialmente de Estados Unidos.
• Necesidad de negociar caso por caso la repartición de la producción, la recuperación de inversiones y los mecanismos de cobro, como se ha visto en los acuerdos más recientes con grandes petroleras.

En resumen, una empresa extranjera que quiera invertir hoy en el sector petrolero venezolano debe: asociarse con PDVSA en empresas mixtas o proyectos conjuntos; obtener las autorizaciones del Ministerio de Hidrocarburos; aceptar un régimen contractual público con amplio control estatal, ahora algo más garantista en materia de terminación y compensaciones; y, en su caso, cumplir también con las licencias y restricciones derivadas de sanciones internacionales. Para una operación concreta, sería imprescindible un análisis detallado de la versión vigente de la ley orgánica de hidrocarburos, la reforma petrolera reciente y la situación sancionadora del país y de la propia empresa.