El secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, ha expresado este jueves su confianza en que el catalán, el gallego y el euskera obtengan el reconocimiento de lenguas oficiales de la Unión Europea antes de que el bloque comunitario acometa una nueva ampliación con más Estados miembro, lo que implicaría a su vez la entrada de nuevos idiomas en el reglamento lingüístico europeo.
Según ha confirmado el propio secretario de Estado y adelantaron el miércoles fuentes europeas a Europa Press, el Gobierno ha pedido que la cuestión de la oficialidad de las lenguas cooficiales se trate el próximo 22 de septiembre en el Consejo de Asuntos Generales que tendrá lugar en Bruselas. Será la primera vez, tras más de un año sin abordar este asunto, que España vuelva a plantearlo ante los ministros de los Veintisiete.
En esta ocasión, el Ejecutivo no prevé un intercambio de fondo ni solicitar una decisión formal a los socios. La idea es introducir el tema como un punto varios que permita a Sampedro poner al día al resto de delegaciones, dado que no ha habido nuevas discusiones a Veintisiete desde que en julio de 2025 la iniciativa española se encontrara con las reservas de alrededor de una decena de países, con Alemania a la cabeza.
La novedad ahora es que España encuadra el debate bajo el título “lenguas oficiales y ampliación”, con la intención de cuestionar que, ante la posible incorporación de nuevos Estados a la Unión Europea --con Albania y Montenegro como aspirantes más avanzados-- se vaya a modificar el reglamento de lenguas para sumar los idiomas de los futuros socios, mientras siguen sin ser reconocidos el catalán, el euskera y el gallego, pese a ser lenguas oficiales en un país miembro de pleno derecho.
Interpelado a su llegada a una reunión informal de Asuntos Generales de la UE en Dublín, Sampedro ha precisado que España figura entre los “apoyos más fuertes” de la ampliación del club comunitario, porque “considera que es el modo de avanzar”.
“Apoyamos firmemente a todos los candidatos en este proceso. Respaldamos firmemente que esto implique la incorporación de los próximos miembros de la UE, esto significará que tendremos más idiomas oficiales en la UE”, ha señalado el secretario de Estado.
“Pero antes, esperamos que las expectativas de 20 millones de europeos sean atendidas mediante un acuerdo, que saben debe ser por unanimidad, para el reconocimiento de las lenguas que ya son oficiales en un Estado miembro desde hace ya 40 años”, ha añadido, en alusión a la población que utiliza las tres lenguas cooficiales.
Cuestionado sobre si esto supone que España no aceptará nuevas adhesiones al bloque hasta que el catalán, el gallego y el euskera sean lenguas oficiales de la UE, Sampedro se ha limitado a subrayar que está convencido de que la petición española “se resolverá mucho antes”.
Vuelta al debate a 27 tras más de un año
El hecho de que la propuesta se incluya como punto varios en la agenda no implica que vaya a producirse un debate sustantivo entre los ministros ni que se puedan adoptar decisiones, sino que concede al Estado miembro unos minutos para exponer su posición y abre la posibilidad de que otras delegaciones intervengan si así lo desean.
La última vez que el Gobierno elevó este asunto al Consejo de Asuntos Generales fue en julio de 2025, bajo presidencia danesa, y desde entonces no había vuelto al orden del día por falta de la unanimidad necesaria para que la solicitud española prospere.
El Ejecutivo registró en agosto de 2023 su petición para incorporar las tres lenguas cooficiales al reglamento lingüístico de la UE, en el marco del acuerdo cerrado con Junts para asegurar un nuevo mandato de Pedro Sánchez y, aprovechando que España ostentaba ese semestre la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, trató de acelerar el trámite.
En ese contexto, llevó la cuestión hasta en cuatro ocasiones al Consejo de Asuntos Generales, órgano competente para adoptar la decisión, aprovechando que controlaba la agenda durante el último semestre de 2023. Posteriormente, volvió a reclamar su inclusión en otras tres reuniones: una durante la presidencia de Bélgica, otra bajo presidencia polaca y la última en julio de 2025, ya con Dinamarca al frente.
La exigencia de unanimidad, el gran obstáculo
Desde el inicio, la obligación de lograr el respaldo unánime de los Veintisiete se ha erigido en el principal impedimento, pese a los intentos del Gobierno de disipar las reticencias de sus socios, especialmente las de carácter jurídico y las relativas al posible efecto llamada para que otras lenguas minoritarias de la UE reclamen el mismo estatus.
Para intentar salvar estas reservas, el Ejecutivo se ha ofrecido a asumir el coste adicional --que la Comisión Europea calcula en unos 132 millones de euros anuales tomando como referencia la experiencia con el gaélico-- y ha propuesto una aplicación parcial de la oficialidad para reducir la carga inicial.
En concreto, en la primavera de 2025 España planteó que el catalán, el euskera y el gallego tengan un reconocimiento parcial a partir de 2027, de forma que sólo se traduzcan desde entonces los reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo, lo que representa aproximadamente un 3% del total de actos jurídicos en la anterior legislatura.
En relación con el temor a crear un precedente, el Gobierno insiste en que las tres lenguas cooficiales figuran en la Constitución antes de la entrada de España en la UE, se emplean de forma habitual en el Congreso y el Senado y el propio Estado ya tradujo hace años a estos idiomas los tratados europeos y buena parte de la normativa comunitaria.
Las reservas de varios socios continúan
Pese a estas concesiones, España no ha logrado aún convencer al resto de capitales. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha sostenido que alrededor de 20 de los 27 Estados miembro no se oponen a la oficialidad de las tres lenguas, aunque todavía habría siete que mantienen sus reparos. Otras fuentes europeas elevan a al menos una decena las delegaciones que han expresado dudas.
Entre los más reticentes se encuentra Alemania, como se evidenció en el Consejo de Asuntos Generales de julio del año pasado, cuando el representante alemán se mostró especialmente firme y se apoyó en el dictamen oral del servicio jurídico del Consejo, según el cual sería necesaria una reforma de los Tratados para dotar de base legal a una eventual oficialidad.
Consciente de la influencia de Alemania entre los Veintisiete, el Gobierno español optó por explorar un entendimiento bilateral y pactó con Berlín a finales de octubre de 2025 abrir un diálogo que permitiera dar “respuesta” a la solicitud española “de forma que sea aceptable para todos los Estados miembro”.
Sin embargo, ese intercambio no ha dado frutos, como se comprobó tras la reunión celebrada el pasado 20 de mayo entre Albares y su homólogo germano, Johann Wadephul. Ambos abordaron “in extenso”, en palabras de Albares, la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego, pero posteriormente el Ministerio de Exteriores alemán indicó a Europa Press que Berlín no había modificado su posición y seguía albergando dudas, sobre todo desde la óptica jurídica.