Quiero influir: conoce qué consultas y audiencias públicas hay abiertas en los ministerios

Tras la fase de audiencia o consulta pública, el anteproyecto de ley del Gobierno entra en una cadena de pasos internos y parlamentarios que lo pueden llevar a convertirse en ley o quedar rechazado. Lo esencial es distinguir entre la fase gubernamental (todavía “anteproyecto”) y la fase propiamente parlamentaria, ya como “proyecto de ley”, y dentro de esta, el papel del Congreso y del Senado.

1. De anteproyecto a proyecto de ley del Gobierno

Una vez concluida la audiencia pública y recabados informes preceptivos (Consejo de Estado, órganos reguladores, ministerios afectados, etc.), el texto sigue siendo un anteproyecto. El ministerio impulsor revisa el borrador a la luz de alegaciones y dictámenes y lo eleva de nuevo a los órganos colegiados del Gobierno:

• Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, que hace un primer filtro político‑técnico.
• Consejo de Ministros, que es quien aprueba formalmente el texto como proyecto de ley.

Solo cuando el Consejo de Ministros adopta el acuerdo de aprobación y remisión a las Cortes el texto deja de ser “anteproyecto” y pasa a ser “proyecto de ley del Gobierno”.

2. Inicio de la tramitación en el Congreso de los Diputados

El Gobierno remite el proyecto al Congreso de los Diputados, que es la Cámara en la que necesariamente se inicia el procedimiento:

• Se registra el proyecto y se le asigna un número de iniciativa y una comisión competente.
• Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y se abre el plazo para presentar enmiendas.

En esta fase pueden plantearse:

• Enmiendas a la totalidad (de devolución o de texto alternativo), que cuestionan el conjunto del proyecto.
• Enmiendas parciales, que proponen cambios concretos en artículos, disposiciones, etc.

3. Debate de totalidad y trabajo en comisión (Congreso)

Si se han presentado enmiendas a la totalidad, se celebra un debate de totalidad en Pleno. Pueden darse dos grandes escenarios:

• Si el Pleno aprueba una enmienda de devolución, el proyecto se rechaza en esa Cámara y decae la tramitación.
• Si rechaza las enmiendas a la totalidad (o no se han presentado), el proyecto sigue adelante en comisión.

En la comisión competente se discuten y votan las enmiendas parciales. A menudo se crea una ponencia (grupo reducido de diputados) que negocia un texto transaccional. El resultado de este trabajo es un dictamen de comisión, que incorpora las enmiendas aceptadas.

4. Pleno del Congreso y envío al Senado

El dictamen de la comisión se eleva al Pleno del Congreso, donde se celebra el debate final en la Cámara baja:

• Los grupos pueden defender enmiendas reservadas para el Pleno.
• Se votan por partes (títulos, artículos, disposiciones) y, finalmente, el conjunto del proyecto.

Si el Congreso aprueba el proyecto, el texto se remite al Senado. Si lo rechaza en su conjunto, la iniciativa queda decaída.

5. Tramitación en el Senado

El Senado recibe el texto aprobado por el Congreso y lo somete a su propio procedimiento:

• Se abre un nuevo plazo de enmiendas (totales y parciales) y se remite a la comisión senatorial competente.
• La comisión formula un dictamen que después se debate en el Pleno del Senado.

El Senado puede:

• Aprobar el texto sin cambios, con lo que queda listo para su sanción y promulgación.
• Aprobar enmiendas, que se devuelven al Congreso para que las acepte o rechace.
• Formular un veto (rechazo global) dentro del plazo constitucional.

6. Segunda lectura en el Congreso y final del procedimiento

Si el Senado introduce enmiendas, el Congreso celebra un último debate para decidir si las incorpora o no. Y si el Senado ha vetado el proyecto, el Congreso puede:

• Levantar el veto por mayoría absoluta de diputados, o por mayoría simple transcurridos dos meses.
• Mantener el veto, lo que comporta el fracaso definitivo del proyecto.

Una vez fijado el texto definitivo (tras aceptar o rechazar enmiendas del Senado y, en su caso, levantar el veto), se remite al Rey para su sanción y promulgación. Finalmente, la ley se publica en el BOE y entra en vigor en los términos que ella misma establezca.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) es el departamento clave del Gobierno en materia de energía. De acuerdo con el Real Decreto 829/2023, de 20 de noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, le corresponde “la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia climática, de energía y medio ambiente”, y se estructura, entre otros órganos, a través de la Secretaría de Estado de Energía. A partir de ese marco y de la normativa sectorial posterior, pueden identificarse varias competencias específicas en regulación energética.

1. Definición de la política y planificación energética

• Diseñar y proponer la política energética del Gobierno, alineada con los objetivos climáticos y de transición ecológica (descarbonización, seguridad de suministro, precios asequibles).
• Elaborar y actualizar la planificación energética de medio y largo plazo, en particular el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), cuya actualización 2023‑2030 se aprobó a propuesta del MITECO (nota del MITECO).
• Impulsar la planificación de la red de transporte de electricidad, proponiendo al Consejo de Ministros la planificación eléctrica y sus modificaciones, así como ajustes al Plan de Desarrollo de la Red de Transporte 2021‑2026 (Demócrata).
• Proponer la regulación de las inversiones en redes eléctricas, mediante reales decretos que fijan el marco de los planes de inversión en transporte y distribución y sus condiciones de elegibilidad (Demócrata).

2. Regulación de los mercados de electricidad y gas

• Elaborar proyectos de reales decretos y órdenes ministeriales que desarrollan la normativa básica de los mercados energéticos (electricidad, gas natural y otros gases renovables, combustibles renovables en transporte, etc.), incluyendo:
  • Marcos de inversión en redes eléctricas y criterios de planificación de transporte y distribución.
  • Normas sobre cargos del sistema gasista y cánones de almacenamientos subterráneos, que se concretan en órdenes ministeriales periódicas.
  • Reglamentos para el fomento de combustibles renovables y biocarburantes, así como cuotas mínimas obligatorias de biometano en las ventas de gas natural (Demócrata).
• Impulsar normas que configuran la remuneración regulada de determinadas actividades (por ejemplo, cogeneración de alta eficiencia o determinadas inversiones en redes) mediante regímenes retributivos específicos sometidos a subasta.
• Desarrollar instrumentos regulatorios específicos para nuevos usos energéticos (por ejemplo, requisitos de energía renovable en centros de datos, en colaboración con otros ministerios, según adelanta la prensa de Demócrata).

3. Autorización, control y seguridad de las instalaciones energéticas

• Ejercer, directamente o por delegación, competencias de autorización administrativa sobre:
  • Instalaciones de generación y transporte de energía eléctrica (incluidas redes de distribución cerradas, reguladas por normas como el Real Decreto 314/2023).
  • Actividades e instalaciones de hidrocarburos (investigación y explotación), que se gestionan en gran medida por delegación en la Secretaría de Estado de Energía, según la Orden TED/533/2021, de delegación de competencias, citada en la Orden TED/593/2025 sobre permisos de investigación de hidrocarburos.
• Velar por la seguridad de suministro de gas y petróleo en coordinación con CORES y los operadores gasistas y petrolíferos, como reflejan las reuniones convocadas por el Ministerio para evaluar la evolución del suministro (Demócrata).
• Ejercer potestad sancionadora en determinados ámbitos, por ejemplo respecto al operador del sistema eléctrico (Red Eléctrica de España) en función de los expedientes de la CNMC sobre incidentes como apagones (Demócrata).

4. Fomento de renovables, eficiencia energética y transición justa

• Diseñar y ejecutar programas de impulso a las energías renovables, al autoconsumo y al almacenamiento, mediante subvenciones, regímenes retributivos y convocatorias específicas (subastas de cogeneración, ayudas a renovables en industria, etc.), según diversas notas del MITECO y coberturas de Demócrata.
• Aprobar y actualizar el catálogo de medidas estandarizadas de eficiencia energética (Orden TED/845/2023 y sus resoluciones de actualización de 2025, BOE-A-2025-10474 y BOE-A-2025-16478), que concretan actuaciones tipo admisibles para el sistema nacional de obligaciones de eficiencia.
• Impulsar la eficiencia energética en el sector público, incluyendo programas para la rehabilitación energética de edificios de la Administración General del Estado, como las inversiones cofinanciadas con fondos europeos citadas por Demócrata.
• Coordinar políticas de transición justa y reto demográfico vinculadas al cierre de instalaciones fósiles y al despliegue renovable, a través de organismos adscritos como el Instituto para la Transición Justa (ITJ) o el IDAE, cuyo estatuto (Real Decreto 18/2014) le atribuye un papel central en ahorro, eficiencia y diversificación energética.

En suma, el MITECO concentra la dirección estratégica de la política energética, la iniciativa normativa sobre mercados de energía, la planificación de infraestructuras clave, y buena parte de las potestades de autorización, control y fomento en electricidad, gas, hidrocarburos, renovables y eficiencia energética, siempre en coordinación con otros reguladores como la CNMC y con el resto de departamentos ministeriales.

Con los datos disponibles en la base ejecutiva (procesos de “Consulta Pública” y “Audiencia Pública” vinculados a anteproyectos y otras normas), en el último año natural completo con registro (2025) se han abierto 5.428 procesos de consulta y audiencia públicas en conjunto en España. Esta cifra supone un incremento muy notable respecto a los años anteriores y confirma una tendencia de fuerte expansión de estos mecanismos de participación desde 2021.

Si miramos la serie histórica agregada por año (sumando consultas y audiencias), los datos estructurados son:

• 2014: 2 procesos de participación.
• 2016: 1 proceso.
• 2018: 2 procesos.
• 2019: 5 procesos.
• 2020: 13 procesos (11 consultas públicas y 2 audiencias públicas).
• 2021: 27 procesos (23 consultas y 4 audiencias).
• 2022: 46 procesos (38 consultas y 8 audiencias).
• 2023: 1.202 procesos (495 consultas y 707 audiencias).
• 2024: 4.560 procesos (2.157 consultas y 2.403 audiencias).
• 2025: 5.428 procesos (2.557 consultas y 2.871 audiencias).

A partir de esta serie pueden hacerse varias comparaciones claras:

• Entre 2024 y 2025, es decir, en la comparación más reciente de un año completo respecto al inmediato anterior, el número total de procesos de participación pasa de 4.560 a 5.428, lo que supone un incremento aproximado del 19 %.
• Si comparamos 2025 con 2023, el crecimiento es aún más acusado: de 1.202 a 5.428 procesos, es decir, se multiplica por más de 4,5 veces en solo dos años.
• Frente a la etapa inicial con datos dispersos (2014–2019), donde apenas se registraban entre 1 y 5 procesos al año, el salto es prácticamente de tres órdenes de magnitud.

Si acotamos la comparación al último quinquenio con datos completos (2021–2025), la progresión es la siguiente:

• 2021: 27 procesos.
• 2022: 46 procesos.
• 2023: 1.202 procesos.
• 2024: 4.560 procesos.
• 2025: 5.428 procesos.

En términos de dinámica, se observa:

• Un uso todavía muy limitado de estos instrumentos hasta 2020, con cifras testimoniales.
• Un despegue gradual en 2020–2022 (de 13 a 46 procesos), donde empiezan a sistematizarse las consultas y audiencias.
• Un salto cualitativo en 2023, que marca el inicio de un uso masivo de la participación formal en la elaboración normativa.
• Una consolidación al alza en 2024 y 2025, con crecimientos fuertes pero algo más moderados que el “salto” de 2022 a 2023.

En cuanto al peso relativo de cada tipo de proceso, la base permite distinguir entre:

• Consulta Pública (fase previa de planteamiento general).
• Audiencia Pública o información pública (normalmente sobre un texto ya más definido).

En el tramo más reciente se aprecia que:

• En 2023 se registran 495 consultas y 707 audiencias, con un ligero predominio de las audiencias.
• En 2024 la pauta se mantiene: 2.157 consultas y 2.403 audiencias.
• En 2025, el último año completo, se alcanzan 2.557 consultas y 2.871 audiencias, manteniéndose el equilibrio relativo entre ambas figuras, siempre con algo más de audiencias públicas.

Conviene tener en cuenta dos advertencias metodológicas:

• Las cifras proceden de la base de procesos del Ejecutivo y recogen las fases etiquetadas explícitamente como “Consulta Pública” o “Audiencia Pública”. Otros mecanismos de participación que no utilicen esa denominación exacta podrían no estar incluidos.
• La base agrega procesos de diferentes ámbitos (Estado y, en su caso, niveles territoriales vinculados a la misma base). Sin embargo, en la explotación que ves aquí las cifras se presentan a nivel global España, sin desglosar por administración, porque el agregado nacional es el que ofrece una serie coherente y estable para la comparación interanual.

En conjunto, los datos muestran que en el último año completo disponible se han abierto más de cinco mil consultas y audiencias públicas, muy por encima de cualquier año anterior y en línea con una intensificación muy clara del uso de estos instrumentos de participación en la elaboración de normas y políticas públicas.