El Pleno del Senado ha dado luz verde este miércoles a la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad, uno de las principales hitos sociales de la legislatura, después de que la mayoría absoluta del Partido Popular haya introducido durante la tramitación en la Cámara Alta modificaciones relevantes respecto al texto que salió del Congreso.
La iniciativa modifica la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. El objetivo es ampliar derechos y prestaciones, reducir incompatibilidades y avanzar hacia un modelo que conceda mayor capacidad de decisión a las personas que necesitan apoyos.
El texto aprobado por el Senado, sin embargo, no es el mismo que recibió del Congreso. La mayoría del PP ha permitido incorporar cambios en cuestiones como educación inclusiva, libertad de elección, fiscalidad de la discapacidad y la dependencia, adaptación de viviendas o financiación del sistema. La reforma deberá regresar a la Cámara Baja, que tendrá la última palabra sobre las modificaciones introducidas por el Grupo Popular en la Cámara Alta.
Más servicios y posibilidad de combinarlos
La reforma introduce cambios relevantes en el funcionamiento del sistema de dependencia. Uno de ellos es la eliminación del régimen de incompatibilidades que limitaba la posibilidad de recibir simultáneamente determinados servicios y prestaciones.
El texto amplía también la ayuda a domicilio e incorpora al catálogo el préstamo o cesión temporal de productos de apoyo. El objetivo es avanzar hacia unos cuidados más personalizados y facilitar que las personas puedan permanecer en su vivienda y su entorno habitual cuando así lo deseen.
La norma refuerza igualmente la capacidad de decisión de las personas usuarias y da mayor peso a la accesibilidad universal. La atención temprana pasa, además, a configurarse como un derecho subjetivo.
Sobre educación inclusiva
Uno de los principales puntos de choque durante el paso de la reforma por el Senado ha sido la educación de las personas con discapacidad. El PP ha modificado el texto procedente del Congreso para eliminar la prevalencia de la educación inclusiva frente a la educación especial, un cambio que los populares justifican por la necesidad de garantizar la libertad de elección de las familias.
"Garantizamos la libertad de las familias para decidir qué modelo y qué centro quieren para sus hijos y que hasta los 21 años los niños con discapacidad puedan estar escolarizados", ha defendido durante el debate de este miércoles la senadora popular Cristina Casanueva.
El PSOE ha reclamado, en cambio, "la vuelta al texto original". La senadora María del Lirio Martín ha acusado al PP de utilizar su mayoría en el Senado para modificar una reforma que había llegado acordada desde el Congreso y ha pedido "responsabilidad" a los populares.
Las críticas se han extendido a otros grupos. Más Madrid considera que la modificación del PP "vacía la educación inclusiva", mientras que el BNG ha avanzado su abstención al considerar que el cambio contradice la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Más libertad para elegir las prestaciones
La capacidad de elección de las personas dependientes constituye otro de los grandes ejes del texto tras su paso por el Senado. El PP ha defendido eliminar el carácter prioritario de determinadas prestaciones para ampliar las posibilidades de elección entre servicios y ayudas económicas. Los populares sostienen que las personas deben poder decidir qué recurso se adapta mejor a sus necesidades.
Las modificaciones ponen también el foco en el medio rural, con el objetivo de mantener servicios y apoyos que permitan a las personas con discapacidad o dependencia continuar viviendo en sus municipios cuando así lo quieran.
IVA del 4% para adaptar la vivienda
Entre los cambios impulsados por el PP figura también la aplicación del IVA reducido del 4% a determinadas obras de rehabilitación y adaptación de la vivienda habitual para personas con discapacidad o dependencia.
La medida incluye actuaciones sobre elementos comunes de los edificios destinadas a eliminar barreras arquitectónicas. Los populares han planteado igualmente avanzar hacia una equiparación del tratamiento económico y tributario de la dependencia y la discapacidad, con el objetivo de que personas que se encuentren en situaciones equivalentes puedan acceder a beneficios similares.
Otro de los cambios afecta a las familias con hijos con enfermedades graves. El texto plantea mantener la prestación y el permiso para el cuidado de hijos con cáncer u otra enfermedad grave más allá de los 26 años cuando persista una situación de gran dependencia y la necesidad de cuidados continuados.
Del copago a la jubilación de los cuidadores
El debate en la Cámara Alta ha servido también para poner sobre la mesa propuestas de otros grupos que afectan directamente a personas dependientes y sus familias. Junts ha reclamado que los mayores de 65 años y las personas con gran dependencia mantengan la consideración fiscal de vivienda habitual cuando vendan su casa para ingresar en una residencia. La formación ha planteado también permitir la jubilación anticipada de quienes sean cuidadores principales de grandes dependientes.
EH Bildu ha defendido la exención completa del copago, el reconocimiento con efectos retroactivos de determinadas prestaciones económicas y la atención a menores de cinco años con dependencia aunque sus progenitores no cumplan un periodo mínimo de residencia.
ERC ha puesto el foco en las personas afectadas por la polio, mientras que el PNV ha defendido medidas para este colectivo, las víctimas del amianto y las personas cuidadoras principales. El BNG ha reclamado "priorizar los servicios de autonomía personal y vida independiente" y garantizar una financiación que no sea inferior al coste medio de una plaza residencial.
Vox, por su parte, ha defendido criterios comunes para todo el territorio y cambios que, según el senador Javier Valentín Alonso, buscan "garantizar la igualdad entre españoles" y "defender la prioridad nacional".
El Congreso tendrá la última palabra
La reforma ha llegado al Pleno después de una intensa tramitación en el Senado. Los grupos registraron 152 enmiendas y ocho votos particulares. En comisión, el dictamen salió adelante con 17 votos a favor, todos ellos del PP, y 15 abstenciones.
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La mayoría absoluta de los populares en el Senado les ha permitido marcar buena parte de esta fase de la tramitación. Pero la ley todavía no está definitivamente aprobada. Al haber introducido cambios el Senado, el texto regresará ahora al Congreso. Será la Cámara Baja la que decida cuáles de esas modificaciones mantiene y cuáles rechaza antes de que la norma sea publicada en el BOE.