Hace casi un año escribí sobre lo que entonces consideraba un preocupante retroceso de Europa: el tránsito de una Unión Europea que aspiraba a convertirse en un actor global autónomo a una Europa cada vez más dependiente de Estados Unidos. No se trataba de cuestionar la alianza transatlántica, ni mucho menos de defender una Europa enfrentada a Washington. Era algo bastante más sencillo: advertir que una alianza entre iguales deja de serlo cuando uno de los socios acepta sistemáticamente las condiciones del otro por miedo a las consecuencias de decir que no.
Entonces podía parecer una exageración. Un año después, la cuestión vuelve a estar sobre la mesa. Y esta vez hay un ejemplo especialmente incómodo para Europa: Canadá.
El Gobierno de Mark Carney acaba de rechazar un acuerdo con Estados Unidos que consideraba perjudicial para los intereses canadienses. Las negociaciones han fracasado y Washington ha impuesto nuevos aranceles del 50 por ciento sobre determinados productos canadienses. Ottawa ha anunciado que responderá con medidas equivalentes. No porque Canadá crea que una guerra comercial sea deseable ni porque piense que enfrentarse a Estados Unidos no tendrá consecuencias sino precisamente porque sabe que las tendrá.
Ahí está la cuestión. Canadá depende muchísimo más de Estados Unidos que la Unión Europea. Su economía está extraordinariamente integrada con la norteamericana y una proporción mucho mayor de sus exportaciones tiene como destino Estados Unidos. Si alguien tiene razones para pensárselo dos veces antes de enfrentarse a Trump, es Canadá, y sin embargo Carney ha decidido que hay determinados intereses que justifican asumir un coste económico.
El espejo de Europa
La comparación con Europa resulta inevitable. Hace un año, Donald Trump y Ursula von der Leyen alcanzaron en Turnberry, Escocia, un acuerdo que posteriormente quedó plasmado en la declaración conjunta de agosto de 2025. Desde el 1 de julio de este año el acuerdo está formalmente en vigor. Para la mayoría de las exportaciones europeas a Estados Unidos se estableció un techo arancelario del 15 por ciento, mientras que la Unión Europea eliminó los aranceles sobre los productos industriales estadounidenses y abrió un mayor acceso a determinados productos agroalimentarios.
La Comisión Europea presentó el acuerdo como un instrumento de estabilidad y previsibilidad. Sería absurdo negar que evitar una escalada arancelaria tiene ventajas: una guerra comercial entre las dos mayores economías del espacio occidental tendría costes importantes para empresas, trabajadores y consumidores europeos. Pero una cosa es evitar una guerra comercial y otra muy distinta aceptar que la relación transatlántica funcione permanentemente según una lógica en la que Washington presiona y Europa se adapta.
Porque el problema no es solamente el 15 por ciento. Es lo que ese 15 por ciento representa.
El acuerdo europeo se alcanzó después de una presión estadounidense extraordinariamente intensa y en un contexto en el que Europa necesitaba mantener intacta la relación con Washington por razones económicas, energéticas y, sobre todo, de seguridad. La Unión obtuvo estabilidad, sí, pero también hizo importantes concesiones. Y sigue pendiente, entre otras cuestiones, la situación de sectores como el acero y el aluminio, sometidos a aranceles estadounidenses del 50 por ciento, mientras Bruselas mantiene suspendidas sus propias medidas de represalia.
Ceder ante Trump no ha servido para acabar con las presiones de Trump. Al contrario: las amenazas han continuado, las exigencias también y la lógica de la relación no ha cambiado: Washington presiona y Europa busca la manera de acomodarse.
Una potencia incontestada
La pregunta, por tanto, no es si Europa debió provocar una guerra comercial. La pregunta es otra: ¿está utilizando todo su poder negociador o ha aceptado demasiado pronto que resistir no merece la pena?
La respuesta exige reconocer primero una realidad incómoda: Europa tiene poder, pero también tiene debilidades. La Unión Europea no es la potencia económica incontestada que algunos discursos parecen describir. Tiene problemas muy serios: desindustrialización, falta de inversión, dependencia tecnológica en sectores estratégicos, envejecimiento demográfico, endeudamiento elevado en varios Estados miembros y una capacidad militar todavía insuficiente. La guerra de Ucrania ha puesto además de manifiesto hasta qué punto Europa continúa dependiendo de Estados Unidos para determinados elementos esenciales de su seguridad.
Pero reconocer esas debilidades no significa negar las fortalezas europeas. La Unión sigue siendo uno de los mayores mercados del mundo. Posee una capacidad regulatoria que afecta a empresas de todo el planeta. Dispone de industrias fundamentales en sectores estratégicos, una moneda de dimensión internacional, una enorme capacidad comercial y financiera y un mercado de más de 400 millones de consumidores. Y, sobre todo, tiene algo que Canadá no tiene en la misma medida: la posibilidad de utilizar colectivamente un poder económico de dimensiones continentales.
El problema es que disponer de poder y estar dispuesto a utilizarlo no son la misma cosa. Tampoco se trata de imaginar que Europa puede enfrentarse a Estados Unidos sin pagar ningún precio. Decir que no tiene un coste sería ingenuo. Para Europa significaría asumir posibles represalias comerciales, dificultades para determinadas empresas exportadoras, mayores costes para consumidores y sectores industriales y, en el terreno estratégico, una relación más complicada con el principal garante de su seguridad.
Pero precisamente por eso la cuestión debe plantearse en términos políticos y no sentimentales. La prudencia consiste en aceptar un coste cuando hacerlo protege un interés mayor; la docilidad en aceptar la imposición porque tenemos miedo del coste de resistir. Europa lleva demasiado tiempo confundiendo ambas cosas.
El coste del portazo
Canadá está demostrando ahora que decir que no tampoco es gratis. Carney no ha prometido a los canadienses que enfrentarse a Estados Unidos será indoloro. Al contrario: ha advertido de los costes y ha preparado medidas para proteger a los sectores afectados. Pero ha planteado una idea elemental: preservar la independencia y la capacidad de decidir sobre el propio futuro puede justificar asumir un coste económico, porque la alternativa -aceptar determinadas imposiciones- puede ser todavía más perjudicial a largo plazo.
Canadá tampoco pretende vivir al margen de Estados Unidos. Está intentando reducir su dependencia, buscar nuevos mercados y reforzar su propia capacidad económica. No está rompiendo con Washington. Está intentando que su relación con Washington no determine por sí sola los límites de su política económica.
Y esa es quizá la principal lección que Europa debería extraer. No se trata de romper con Estados Unidos, sería absurdo. Washington es un aliado indispensable y una economía fundamental para Europa. Tampoco se trata de responder automáticamente a cada arancel con otro arancel, ni de convertir cada provocación o imposición en una sucesión de gestos de orgullo nacional. Se trata de algo bastante más serio: mantener con firmeza nuestros intereses y, sobre todo, reducir las dependencias que limitan nuestra capacidad de decisión.
Europa necesita más industria, más inversión, más tecnología propia y más capacidad de defensa. Necesita diversificar sus mercados y sus fuentes de energía. Necesita utilizar con mayor determinación sus instrumentos comerciales cuando sus intereses esenciales estén en juego. Y necesita establecer de antemano qué concesiones está dispuesta a aceptar y cuáles no. Eso es autonomía estratégica.
Durante años hablamos de ella como si fuera un concepto académico. La Unión Europea llegó a definirla como la capacidad de cooperar con nuestros socios cuando fuera posible y actuar autónomamente cuando fuera necesario. Era una idea sensata: no romper con Estados Unidos, sino dejar de depender de Estados Unidos. Pero ¿qué credibilidad tiene esa autonomía si ante cada presión de Washington la respuesta europea consiste en buscar la fórmula menos incómoda para aceptar?
Parte de la respuesta está, sin duda, en nuestras propias debilidades institucionales. La Unión no es un Estado y necesita conciliar los intereses de veintisiete gobiernos. Parte está también en el miedo: la guerra de Ucrania ha reforzado la dependencia militar respecto de Estados Unidos. Y parte procede de una concepción del poder que Europa no parece haber actualizado.
Durante décadas nos acostumbramos a pensar que las reglas, las instituciones, el derecho y el consenso bastaban para ordenar el mundo. Era una magnífica idea mientras los demás estuvieran dispuestos a jugar con las mismas reglas.
Pero el mundo ha cambiado. Estados Unidos utiliza cada vez más su poder económico como instrumento de presión. China combina comercio, tecnología, industria y poder político. Otras potencias utilizan recursos energéticos, mercados y posiciones estratégicas para defender sus intereses. Y Europa sigue hablando demasiadas veces como si estuviéramos todavía en aquel mundo en el que el interés común debía prevalecer sobre la lógica del poder.
La capacidad de decidir
No se trata de convertir a Europa en otra China o en otra Estados Unidos. Se trata simplemente de que deje de ser una de las pocas grandes potencias que parecen avergonzarse de ejercer como tales.
Por eso el caso canadiense resulta tan importante, no porque Canadá sea más poderoso que Europa -no lo es-, ni porque su economía esté en mejores condiciones para soportar una guerra comercial, ni tampoco porque enfrentarse a Estados Unidos sea siempre la respuesta correcta. Evidentemente, no.
Es importante porque ha entendido algo elemental: una potencia no se define únicamente por los recursos que posee, sino también por las líneas que está dispuesta a defender y por el precio que acepta pagar para defenderlas.
Europa no necesita imitar a Canadá en todo. Necesita recuperar la capacidad de decir que no cuando sus intereses fundamentales lo exijan. Pero, para ello no basta con aprobar nuevos documentos sobre autonomía estratégica, soberanía económica o independencia tecnológica. Hay que construir las capacidades que permitan hacerlos realidad. Hay que invertir, producir, innovar, diversificar y defenderse. Y, cuando llegue la próxima presión, utilizar el poder económico europeo en lugar de limitarse a lamentar que otros lo utilicen contra nosotros.
El acuerdo con Estados Unidos no tiene por qué ser deshecho. Pero tampoco debe convertirse en el principio de una política permanente de concesiones. Un acuerdo sirve para estabilizar una relación; no para renunciar a la capacidad de negociar la siguiente.
Porque ese es, en último término, el verdadero problema europeo. No que Estados Unidos sea poderoso. No que Trump presione. No que decir que no tenga consecuencias. El problema es que Europa corre el riesgo de haber olvidado que también puede decir que no. Canadá acaba de recordárselo.